Treinta y tres vidas apagadas en apenas veintitrés días. Esa es la realidad brutal que despierta cada amanecer en La Guajira, donde familias enteras se despiertan preguntándose si vivirán otro día de pesadilla. Los treinta y tres homicidios registrados bajo la modalidad de sicariato representan treinta y tres familias destrozadas, treinta y tres gritos de auxilio que cayeron en oídos sordos. La Guajira se ha convertido en una tierra donde la ley parece no existir y donde el Estado brilla por su ausencia.

Lo más alarmante no es solo la cifra de muertes, sino la respuesta oficial que ha salido desde la administración departamental. El secretario de Gobierno, Misael Velásquez Granadillo, minimizó los hechos asegurando que "no se deben al incremento de violencia social generalizada", porque "en una alta proporción las víctimas registran antecedentes judiciales". Además sostuvo que "Estamos ante un reacomodo criminal típico cuando el Estado intensifica acciones de control a estructuras y cabecillas que afecta la renta ilegal". Esa respuesta roza la indiferencia. ¿Acaso la vida de una persona con antecedentes penales vale menos que la de cualquier otro ciudadano? La Constitución Política ordena proteger la vida de todos sin excepción. Argumentar que los muertos "eran delincuentes" no disminuye el horror ni calma el miedo de quienes viven en esas comunidades. Es una explicación que claudica del deber fundamental del Estado: garantizar seguridad ciudadana para todos.

Si realmente se tratara solo de criminales reacomodándose, ¿dónde están las capturas de los cabecillas? ¿Dónde están las operaciones que desmantelan esas estructuras? La verdad incómoda es que ni la Gobernación ni muchas alcaldías están a la altura de esta emergencia. Parecen más ocupados en cuidar su imagen en redes sociales, grabando videos para Facebook e Instagram, que en enfrentar de verdad el problema. Hay una cobardía política evidente: el miedo a tomar decisiones drásticas pensando en perder votos en futuras elecciones. Pero esa indecisión tiene un precio alto: la confianza de un pueblo que está cansado de la inseguridad y el abandono.

La crisis de seguridad no es lo único que ahoga a La Guajira. Las vías se cierran constantemente por motivos que van desde accidentes de tránsito hasta falta de agua y luz. Es caos sobre caos. Y sobre ese caos se acumulan las historias de siempre: niños muriendo de hambre en la Alta Guajira, migrantes en filas interminables, escándalos de corrupción política. Pero vivir con el alma en vilo por la delincuencia es la gota que reboza la copa. No es posible seguir resignándose a habitar un territorio donde los balaceros y los bloqueos son el pan de cada día mientras quienes gobiernan miran para otro lado.

La tranquilidad no llegará con explicaciones que justifiquen las muertes. No vendrá de discursos vacíos ni de mensajes en redes sociales. Llegará cuando haya voluntad política real para capturar a los jefes de las estructuras criminales, para desmantelar sus redes, para prevenir el delito en los barrios y para responder con autoridad ante cada amenaza. Los guajiros merecen un gobierno que deje la campaña política de lado y gobierte, que abandone el TikTok y enfrente a los criminales con operativos reales y sostenidos. Mientras eso no ocurra, La Guajira seguirá siendo noticia por tragedias en lugar de serlo por progreso.