La jugada del gobierno Petro para salvaguardar las finanzas públicas quedó atrapada en un limbo jurídico. Mientras la Corte Constitucional revisa si el decreto de emergencia económica que cerró el 2025 es legal, la Procuraduría acaba de validar solo una parte de la medida: el ajuste a las cuotas de salud. Con esto, el país entra en una incertidumbre que toca el bolsillo de empresarios y a la vez afecta las decisiones de inversión.

El presidente Gustavo Petro respondió con contundencia a los cuestionamientos. Argumentó que sin esta emergencia, Colombia camina hacia un colapso de su deuda pública. Explicó con números concretos por qué: el país crece al 2,6% anual, pero paga tasas de interés real del 5%, lo que significa que el dinero cuesta más de lo que gana la economía. Además, existe un déficit primario de 65,7 billones de pesos, es decir, el gobierno gasta mucho más de lo que recauda en impuestos. Para Petro, la emergencia busca reducir ese déficit de forma gradual, sin la austeridad brutal que asusta a inversores. Incluso comparó el problema con el subsidio al FEPEC de 70 billones de pesos, al que llamó "el peor error de política económica de los últimos años".

Pero desde el lado legal la postura es opuesta. Lisandro Junco, exdirector de la Dian y demandante del decreto, sostiene que la norma es "abiertamente inconstitucional". El principal problema: el nuevo impuesto al patrimonio, que llega hasta 1,6% sobre la riqueza acumulada, entra en vigor sin período de transición. Según Junco, eso viola la Constitución porque retroactivamente grava riqueza de años anteriores. Además, advertencia sobre "desviación de poder": el gobierno estaría usando la emergencia climática como puerta trasera para hacer lo que el Congreso ya había rechazado dos veces en proyectos de ley de financiamiento.

Otro exdirector de la Dian, Jairo Orlando Villabona, reconoce que el gobierno enfrenta un apuro real. Admite que el país tiene "limitaciones fiscales severas" y que el Congreso también carga con responsabilidad por no aprobar leyes de financiamiento. Pero advierte sobre los costos: si los bancos suben las tasas de crédito por el nuevo impuesto, las empresas gastarán menos, invertirán menos y la economía se frena. Villabona propone alternativas menos riesgosas: revisar los gastos tributarios que superan 130 billones de pesos anuales, o fortalecer la lucha contra la evasión de impuestos, estimada en cerca de 100 billones al año.

Un análisis de la firma Orza y Rodríguez Piedrahita marca algo inédito: la emergencia económica ha pasado de ser un instrumento para reaccionar ante desastres a convertirse en una herramienta de conducción económica. En 2010 sí se creó un impuesto patrimonial en emergencia, pero en crisis posteriores nunca se volvió a hacer algo así. Ahora, el debate ya no orbita solo alrededor de la crisis climática en el Caribe. La verdadera pregunta es más profunda: ¿cuáles son los límites reales del estado de excepción cuando se trata de tomar decisiones fiscales?

Mientras tanto, Colombia está en terreno pantanoso. La Corte Constitucional tiene la última palabra, pero el concepto de la Procuraduría ya complicó las aguas. El gobierno pide desbloquear la medida para "restituir el camino de la sostenibilidad de la deuda", pero la duda sobre su constitucionalidad permanece. Lo que sí está claro es que esta decisión redefinirá qué tanto poder tiene el Ejecutivo para manejar dineros públicos en tiempos de crisis.