En Colombia, la minería ilegal se ha convertido en uno de los motores más poderosos del conflicto armado moderno, superando incluso al narcotráfico como fuente de financiación para estructuras criminales en algunas regiones. Por eso resulta particularmente inquietante lo que sucede en la mina "La Mandinga", ubicada en Cáceres, Antioquia.

Investigaciones periodísticas reveladas por El Tiempo y otros medios han expuesto una situación que raya en lo paradójico: existe una explotación ilegal de oro operando a escasos metros, e incluso dentro, de una instalación militar. Lo más grave es que el título minero de ese predio fue entregado por el propio Gobierno Nacional. El New York Times también ha advertido que en esa zona operan estructuras criminales extrayendo oro ilegalmente, lo que plantea preguntas demoledoras sobre el control territorial real del Estado en esos territorios.

El predio en cuestión, de aproximadamente 2.000 hectáreas, habría estado bajo procesos de extinción de dominio y vinculado a organizaciones criminales como el Clan del Golfo. Sin embargo, terminó siendo formalizado como título minero. Mientras tanto, la Fuerza Pública combate la minería ilegal en la misma zona. Es decir, desde el Estado se otorgan permisos en territorios donde el control es, por decir lo menos, cuestionable.

No se trata de negar la necesidad histórica de formalizar la minería artesanal, una deuda con miles de colombianos que dependen de esta actividad. Pero algo muy distinto es hacerlo en zonas infiltradas por organizaciones criminales cuya financiación depende precisamente de la ilegalidad. El Ministerio de Defensa ya ha tenido que anunciar investigaciones para verificar si hay connivencia o negligencia dentro de la Fuerza Pública. Pero la pregunta incómoda persiste: ¿por qué se llega a este punto?

Aquí no cabe el doble discurso. O se combate frontalmente la minería ilegal, o se termina legitimándola por omisión. Colombia no resiste más incoherencias. En un país golpeado por la violencia, la ciudadanía necesita claridad y coherencia en las decisiones del poder. Cuando esas decisiones contradicen la seguridad del Estado, el enemigo deja de estar solo en la selva. Pasa a estar en casa.