La Amazonía colombiana enfrenta un repunte alarmante en la pérdida de bosques. Entre abril de 2024 y marzo de 2025, se deforestaron aproximadamente 56.719 hectáreas en esta región que representa el 43 por ciento del territorio nacional. Especialistas vinculan esta devastación al conflicto armado, la presencia limitada del Estado y el avance de economías ilícitas que transforman el paisaje de forma irreversible.

Un sobrevuelo reciente por el arco noroeste amazónico, que incluye partes de Caquetá, Guaviare, Putumayo y Meta, mostró la magnitud del problema. Se observaron extensas franjas de tala interrumpiendo el verde continuo de la selva, columnas densas de humo en varios sectores y cicatrices de deforestación incluso dentro de parques nacionales como Tinigua y Chiribiquete. Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, expresó: "Hoy vimos una perspectiva general del avance de la deforestación de norte a sur. Hay un avance muy importante en varios núcleos y es crítico lo que ocurre en los parques Tinigua y La Macarena".

Las vías no autorizadas son el detonante principal. En los últimos siete años se abrieron 8.018 kilómetros de carreteras ilegales en la región amazónica. Solo en el último año se construyeron 1.460 kilómetros, equivalente a cuatro kilómetros diarios. El dato más preocupante: el 90 por ciento del bosque que desaparece está ubicado a menos de 1,9 kilómetros de estas vías, evidenciando la relación directa entre la construcción ilegal de carreteras y la destrucción del ecosistema.

La ganadería domina el uso del suelo deforestado. De cada diez hectáreas taladas en el arco noroeste amazónico, 8,3 se convierten en pasturas para ganado. Esta región concentra 3,24 millones de cabezas de ganado, cifra que equivale al 11,4 por ciento del hato nacional. Entre 2017 y 2024, la ganadería en la Amazonía creció 86,1 por ciento, muy por encima del promedio del país. Los cultivos de coca ocupan 1,5 de esas diez hectáreas. En 2023, la Amazonía concentraba el 25,6 por ciento de los cultivos ilícitos de Colombia, y en municipios del arco noroeste el área cultivada casi se duplicó entre 2019 y 2023, con un aumento de 88,9 por ciento.

El abandono estatal agrava la crisis. La región enfrenta amplias brechas sociales y algunos de los índices más altos de pobreza multidimensional del país. A esto se suma la presencia de organizaciones armadas ilegales, incluyendo disidencias de las FARC agrupadas en el Estado Mayor Central, que disputan el control territorial para actividades vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal. Este contexto de inseguridad y debilidad institucional facilita que actores ilegales expandan sus operaciones sin restricción.