Tras recorrer diversos proyectos agroindustriales en la Altillanura y conversar con empresarios, técnicos y trabajadores, hay una certeza que resulta innegable: Colombia no puede seguir demorando el desarrollo de esta región estratégica. El próximo presidente, independientemente de su identidad política, tendrá una responsabilidad constitucional de asumir con total seriedad el potencial agrícola e industrial que guarda esta zona del país.

La producción de alimentos, el empleo, la generación de riqueza y la seguridad alimentaria no son debates ideológicos ni asuntos que puedan resolverse solo con discursos. Son obligaciones que trascienden cualquier color político. Lo que la Altillanura requiere es acción, decisiones concretas y, especialmente, un liderazgo capaz de transformar su enorme potencial en realidad productiva que beneficie a toda la nación.

El primer paso es resolver la infraestructura. El gobierno que entre debe garantizar una inversión multianual para completar los 728 kilómetros del terraplén estructural que articula el eje Puerto Gaitán–Puerto Carreño, espina dorsal de la movilidad productiva regional. Aún faltan por terminar tramos críticos entre Puente Arimena, El Viento, Inspección San Teodoro, Inspección Santa Cecilia, Cruce Ruta 4015, Caño Juripe y Puerto Carreño. Esta obra no es un proyecto más: es la condición fundamental para reducir costos logísticos, atraer inversiones significativas, consolidar cadenas agroindustriales y garantizar que la producción llegue eficientemente a mercados nacionales e internacionales. Sin esta vía, expandir la frontera agrícola en más de dos millones de hectáreas de soya, maíz, caña, palma y ganadería seguirá siendo solo promesa.

El segundo compromiso que no admite demora es garantizar seguridad jurídica para la propiedad y la inversión. Ningún proyecto agroindustrial a largo plazo prospera sin reglas claras y estables. Se necesita una reglamentación especial que otorgue concesiones o arrendamientos a treinta años de predios baldíos o de falsa tradición, pero con obligaciones verificables de inversión, inclusión productiva y alianzas con pequeños productores. Un modelo híbrido que permita la escala necesaria.

El tercer pilar es un paquete integral de incentivos para industrialización, innovación y financiamiento. La región requiere instituciones y ciencia. Instalar un Centro de Investigación y Transferencia Tecnológico en convenio con EMBRAPA (entidad de investigación agrícola brasileña) representaría un salto estructural. También necesita impulsar plantas de cal dolomita para corregir la acidez del suelo, con capacidad para atender dos millones de toneladas anuales. En lo financiero, el Estado debe ofrecer garantías parciales a fondos internacionales y banca multilateral para reducir tasas de interés, además de crear un Fondo Parafiscal Agroindustrial dedicado exclusivamente a infraestructura, vivienda rural y tecnologías.

Lo esencial es que este programa tenga un responsable directo en la presidencia de la República. Sin liderazgo presidencial comprometido, la Altillanura seguirá siendo un proyecto aplazado. Con ese liderazgo, podría convertirse en el mayor proyecto de desarrollo territorial del siglo XXI.