Un tribunal del Atlántico apretó el acelerador en la carrera contra el dengue. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenó al Ministerio de Salud garantizar la vacuna Qdenga de forma gratuita y con disponibilidad inmediata en 959 municipios clasificados como de alto riesgo. La decisión surgió de una acción popular que cuestionaba por qué el gobierno no estaba vacunando de manera más amplia si el dengue sigue azotando especialmente a la población más joven.

El tribunal no solo mandató la vacuna: redefinió quién debe recibirla. Ahora debe estar disponible para menores entre 6 y 16 años en zonas endémicas (aquellas ubicadas por debajo de 2.300 metros sobre el nivel del mar donde circula el mosquito transmisor). El Ministerio, hasta ahora, venía aplicándola de forma escalonada enfocándose primero en niños de 9 años. La lógica del gobierno era acelerar progresivamente sin saturar la capacidad del sistema. El tribunal consideró que esa demora constituye un riesgo innecesario. Como dice el fallo: "Cada día que pasa sin que este grupo poblacional acceda a la vacuna, se materializa un riesgo cierto".

El origen del conflicto es técnico pero tiene consecuencias reales en el bolsillo. Una dosis completa de la vacuna cuesta más de $600.000 pesos si se compra por fuera del plan de inmunización estatal. Por eso la intervención judicial enfrenta al Ministerio a una obligación inmediata de compra y distribución en territorios específicos. El gobierno ha defendido que su estrategia escalonada responde a criterios epidemiológicos, presupuestales y operativos. Ampliar todo de golpe, argumenta, es inviable. Pero el Ministerio Público observó un problema de transparencia: no hay un cronograma público claro que explique en qué fechas se ampliará la cobertura ni bajo qué criterios técnicos exactos.

La presión ahora recae en los municipios priorizados y en las entidades de salud territorial. Deben coordinar compra, logística y aplicación de vacunas con una exigencia de resultados inmediatos. Es el choque entre lo que la medicina aconseja (cobertura amplia en zonas de transmisión activa) y lo que la administración puede ejecutar (expansión gradual para no quebrar operativamente el sistema). El fallo busca evitar un daño que ya está ocurriendo: en territorios con alto dengue, hay menores de 6 a 16 años sin protección mientras se discute en escritorios si es posible vacunarlos.