El aumento del 23% para el salario mínimo de 2026 sigue generando polémica entre analistas económicos. Aunque el Gobierno fijó esta cifra en diciembre pasado, el Consejo de Estado decidió suspender sus efectos de forma provisional, lo que reavivó la discusión sobre cómo se llegó a esa cifra. El Ejecutivo introdujo por primera vez el concepto de salario vital para justificar el ajuste, argumentando que durante años el salario mínimo no había crecido al mismo ritmo que la productividad laboral.

La lógica detrás del aumento es clara: si una economía produce más, quienes ganan salario mínimo deberían beneficiarse de ese crecimiento. Como explican los defensores del 23%, "si la economía es más productiva, los salarios deberían crecer con esa productividad. Así se mantiene la parte del PIB que reciben quienes ganan un salario mínimo". El Gobierno usó este argumento para intentar nivelar una brecha que considera injusta: la economía creció, pero la parte que les corresponde a los trabajadores con menor ingreso se redujo.

El economista Daniel Ossa, citado por el presidente Petro en redes sociales para defender el ajuste, planteó que "la economía creció, pero el pedazo del pastel para quienes ganan el mínimo se achicó. Cerrar la brecha salario–productividad es un criterio a tener en cuenta para el ajuste". Ossa basó su análisis en datos recientes de la Ocde para llegar a la conclusión de que un aumento del 23% era proporcional al crecimiento de la productividad.

Pero aquí es donde el debate se complica. El economista José Pulido sostiene que el cálculo de Ossa contiene un error fundamental. Pulido explica que Ossa usó "la productividad por hora trabajada de la Ocde para medir productividad laboral". El problema es que en Colombia el salario mínimo se paga mensualmente por trabajador, no por hora como en Estados Unidos. Por eso, dice Pulido, debería compararse con "el producto por trabajador" y no con la productividad por hora. Cuando se hace esa comparación correcta usando la misma fuente de la Ocde, "las cosas cambian dramáticamente", según el analista.

Otro economista, Mateo Castaño, fue aún más crítico y señaló que hay una confusión entre conceptos que no debería existir. Castaño criticó que se compare la productividad laboral con salarios, cuando debería hacerse con la productividad total de los factores (PTF). Según su explicación, "la productividad laboral incluye qué tan productivo es un trabajador incluyendo capital. La PTF descuenta los incrementos en input de capital y trabajo. Por eso los incrementos salariales se anclan a la PTF y no a la productividad laboral. Porque si un trabajador es más eficiente porque tiene más capital disponible, el primero que debe capturar el retorno adicional es quien puso el capital".

En otras palabras, los críticos plantean que comparar manzanas con naranjas llevó a conclusiones que no resisten un análisis técnico riguroso. Lo que parecía ser un criterio objetivo para justificar el 23% se disuelve cuando se revisan los números con más cuidado. Mientras el Consejo de Estado decide sobre la suspensión, queda claro que esta discusión va más allá de números: es sobre cómo se define cuál debe ser la parte justa de cada trabajador en la riqueza que genera el país.