Bastidas, Fundadores, Chimila I y Chimila II celebran una victoria que tardó décadas en llegar. El Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta ordenó hace poco a la Empresa de Servicios Públicos del Distrito (Essmar) y al Distrito que ejecuten soluciones definitivas para el sistema de alcantarillado de estos sectores populares. La jueza Liliana Patricia Rodríguez Silvera sentenció que existe una vulneración clara de derechos colectivos al ambiente sano y al saneamiento básico, algo que no es menor cuando se habla de comunidades que han tenido que convivir con aguas residuales durante más de 40 años.

El expediente es contundente: las vías de estos barrios se transforman en corrientes de aguas negras con frecuencia, generando malos olores insoportables y exponiendo a la gente a enfermedades de piel, respiratorias y digestivas. El problema viene de un alcantarillado con redes que superan los 30 años de antigüedad, agravado por la falta de un sistema independiente para aguas lluvias y por el crecimiento desordenado de la ciudad. La Essmar reconoció durante el proceso que hay "fallas estructurales y operativas relevantes" en la infraestructura, pero hasta ahora sus labores de mantenimiento apenas han puesto parches a una crisis que exigía soluciones de fondo.

El fallo establece cronogramas específicos para que no quede en palabras. La Essmar y el Distrito tienen cinco meses para hacer las gestiones administrativas y presupuestales necesarias, cuatro meses más para adelantar la contratación, y luego seis meses para ejecutar y ampliar el proyecto. Se creará además un comité de verificación donde participarán el Ministerio Público, el Distrito, la Superintendencia de Servicios Públicos y los mismos accionantes populares, para asegurar que las órdenes se cumplan.

Lo que viene ahora es crucial. Essmar y el Distrito tienen diez días para decidir si apelan ante el Tribunal Administrativo del Magdalena. Los líderes comunitarios como Víctor Hugo Segura Correa, Helder Fabián Castañeda Jolianes y Juan José Vargas Lobato, que impulsaron esta acción popular durante años, confían en que las autoridades asuman el fallo como lo que realmente es: el reconocimiento de un abandono histórico que termina.

Para quienes han visto cómo sus calles se inundan de aguas negras, cómo sus hijos se enferman constantemente y cómo la inversión estatal simplemente no llegaba, esta sentencia representa mucho más que un trámite legal. Es la confirmación de que sus denuncias constantes fueron justas, y que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones dignas de vida. El fallo deja claro que mantener un alcantarillado viejo no es solución: se necesitan inversiones reales, ampliación de redes y que las instituciones realmente coordinen sus esfuerzos.