El proceso judicial contra Nicolás Petro avanza hacia su recta final, y la batalla por los testigos es ahora el centro de la disputa. En la continuación de las audiencias preparatorias, la defensa del hijo del presidente insistió en que debe permitírsele llamar a declarar a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, quien fue el gerente de la campaña presidencial de 2022 en la que presuntamente se cometieron irregularidades. El juez Hugo Carbonó había excluido ese testimonio, pero los abogados defensores no se dieron por vencidos.

El abogado Alejandro Carranza radicó los recursos para revertir esa decisión, argumentando que la exclusión de Roa los deja en clara desventaja. "Lo inadmitió y el agravio está en que se impide a la defensa, o se impediría a la defensa, probar la trazabilidad objetiva y verificable. Por eso, su señoría, interpongo un recurso de reposición y un subsidio de apelación al respecto", explicó el defensor ante el juez. Para la defensa, la declaración de Roa es clave porque podría esclarecer la estructura interna de la campaña, los canales oficiales de recaudo y qué rol tenía realmente Nicolás Petro en todo eso. Los defensores sostienen que el hijo del presidente no tenía un cargo formal en la captación de recursos, lo que contradiría la teoría de la Fiscalía.

El defensor fue contundente al señalar lo que ve como una injusticia procesal. Carranza planteó que existe una "asimetría" en el manejo de las pruebas: mientras la Fiscalía logró que se admitieran como testigos al ministro del Interior Armando Benedetti y al congresista Agmeth Escaf para hablar de dinero de campaña, a la defensa se le niega la comparecencia de quien fue el encargado directo de esos recursos. "Mire cómo para la fiscalía sí hay testigos para hablar de dinero de campaña, pero para la defensa no. Consideramos que ahí hay una asimetría en la decisión adoptada", recalcó.

El caso gira en torno a la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente 2022. Según las autoridades, Nicolás Petro habría recibido alrededor de 1.053 millones de pesos de origen ilegal que provenían de empresarios del Caribe. La acusación afirma que parte de ese dinero, en lugar de destinarse a la campaña, fue utilizado para comprar bienes junto con su entonces pareja, Day Vásquez. Nicolás Petro está siendo procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La defensa persigue dos cosas: primero, controvertir el origen de esos recursos y, segundo, demostrar que Nicolás Petro nunca aprovechó su parentesco con el presidente o una posición de servidor público para obtener beneficios indebidos. Para lograrlo, necesita que Roa testifique sobre cómo funcionaba la campaña desde adentro.

Ahora le toca al juez Carbonó decidir si mantiene la exclusión de Roa o reconsdera su decisión. De esa resolución dependerá significativamente qué tan amplio sea el debate de pruebas en el juicio oral que se aproxima. Es uno de esos momentos donde una sola decisión puede cambiar el rumbo de todo el proceso.