La justicia en Medellín no se quedó callada ante lo que considera un caso de pura negligencia administrativa. El Juzgado Veintisiete Penal del Circuito dictaminó que Luis Óscar, agente interventor de la Nueva EPS, debe pasar dos días arrestado y pagar una multa equivalente a dos salarios mínimos por desacatar una orden judicial. El gerente regional Noroccidente, Carlos Andrés, recibió la misma sanción.

Lo que movió al juez a tomar esta decisión fue algo que duele leer: una paciente de 92 años llamada Blanca que necesita con urgencia el cambio de su marcapasos por uno bicameral, un procedimiento que debería haber ocurrido hace mucho tiempo. Desde enero de 2026, un fallo de tutela ordenó trasladarla inmediatamente a un hospital con especialidad en electrofisiología para que le hicieran esa cirugía cardíaca vital. Hoy, más de un mes y medio después, sigue esperando postrada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Manuel Uribe Ángel, mientras su salud se deteriora.

Ni el interventor ni el gerente regional gestionaron el traslado ni la remisión que el juez había ordenado. La orden judicial simplemente quedó en el papel, como si no importara la vida de una persona mayor vulnerable. El tribunal no vio esto como un simple trámite administrativo olvidado, sino como un acto de desacato directo a sus decisiones.

Ahora, una vez quede ejecutoriada la sentencia, la Policía Metropolitana de Medellín deberá proceder con la detención de los sancionados. Además, el expediente fue remitido al Tribunal Superior de Medellín para que revise el caso en consulta. Con esto, el juzgado envía un mensaje que no deja lugar a dudas: cuando se trata de proteger el derecho fundamental a la salud de las personas, las órdenes judiciales no son sugerencias. Ignorarlas tiene consecuencias penales directas para quienes lideran estas entidades.