Michael Meléndez Garizábalo tenía 24 años cuando murió en la Clínica del Porvenir en Soledad, Atlántico. Su historia es una más en la cadena de tragedias que rodean la crisis de la Nueva EPS en el país. El joven pasó diez días en una unidad de cuidados intensivos esperando una autorización que nunca llegó a tiempo: el permiso para ser trasladado a una institución con especialistas en neurocirugía que podrían haberle salvado la vida.

Todo comenzó cuando Michael ingresó el 27 de abril con una presión arterial extremadamente elevada. Padecía insuficiencia renal crónica y dependía de diálisis tres veces por semana, pero esa crisis hipertensiva derivó en un accidente cerebrovascular y una hemorragia cerebral que lo dejó entubado en la UCI. Sus familiares, sabiendo que sus días se acababan, insistieron una y otra vez pidiendo que lo remitieran a un centro de mayor complejidad. Nada funcionó. "Se murió esperando", relató una de sus allegadas, describiendo esos días de angustia administrativa mientras veían a Michael deteriorarse sin poder hacer nada.

Lo que duele más es que, según denunció la familia, la remisión llegó cuando Michael ya había fallecido. El secretario de Salud de Soledad no se quedó en silencio y apuntó directamente contra la Nueva EPS, exponiendo públicamente que varias clínicas se niegan a recibir pacientes de esa entidad justamente porque la EPS tiene enormes deudas acumuladas y enfrenta una crisis financiera que la paraliza.

Este caso no está solo. En diferentes regiones del país proliferan denuncias de usuarios de la Nueva EPS que enfrentan retrasos en medicamentos, autorizaciones de tratamientos y procedimientos médicos. Incluso la Gobernación del Atlántico había alertado desde comienzos de año que cientos de miles de afiliados estaban siendo víctimas de estas fallas sistemáticas en la atención.

La muerte de Michael se convirtió rápidamente en el rostro de la indignación de muchas familias colombianas que sienten que el sistema les cierra las puertas en los momentos cuando más lo necesitan. Su historia es un recordatorio de que detrás de cada "trámite pendiente" o "autorización en proceso" hay vidas en juego y familias sufriendo.