La Jurisdicción Especial para la Paz puso punto final a un proceso de años: confirmó la condena contra siete de los máximos comandantes de las extintas Farc-EP por responsabilidad en crímenes que dejaron huella profunda en el país. Se trata de Rodrigo Londoño Echeverry, último comandante en jefe; Jaime Alberto Parra Rodríguez, Rodrigo Granda Escobar, conocido como el excanciller de las Farc, y otros cinco jefes de bloques regionales. La decisión de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, dictada en segunda instancia, es definitiva.

Los siete fueron declarados responsables como autores mediatos de crímenes asociados a más de 21 mil hechos de secuestro. La sentencia los condena por crímenes de guerra, como toma de rehenes y homicidios, y por crímenes de lesa humanidad por privaciones graves de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas. Cinco de ellos, además, responden por no haber evitado delitos como tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado y otros actos inhumanos cometidos bajo su mando.

Lo interesante en este fallo es que la JEP escuchó a quienes más importan: las víctimas. El tribunal revocó 36 decisiones de la sentencia anterior porque consideró que algunas medidas restaurativas propuestas inicialmente no les daban el lugar que merecían. Por eso incluyó 35 nuevas propuestas presentadas directamente por las víctimas y sus organizaciones.

La sanción será ejecutada entre agosto de 2026 y febrero de 2034 en siete fases distintas, en regiones que van desde Bogotá hasta Putumayo, pasando por Antioquia, Caquetá, Meta, Bolívar y otras zonas del país. Los condenados tendrán que participar en trabajos restaurativos como desminado humanitario, construcción de infraestructura rural y urbana, proyectos de memoria histórica, búsqueda de desaparecidos y programas de vida económica para comunidades afectadas. No es cárcel ordinaria, pero tampoco es libertad: será una sanción efectiva con metas medibles, horarios fijos, lugares de residencia determinados y supervisión judicial estricta.

La JEP fue clara en otro punto importante: el Gobierno Nacional debe garantizar los recursos para que estos proyectos restaurativos funcionen de verdad. No se trata solo de firmar papeles. Las víctimas del conflicto tienen derecho a ver avances concretos en verdad, justicia y reparación, y eso es responsabilidad del Estado.