Jamundí en la calle: rurales exigen vías arregladas y fin del abandono estatal

Habitantes y líderes del corregimiento de Robles en Jamundí salieron a protestar el 3 de marzo por el deterioro de las carreteras y obras inconclusas que afectan a sus comunidades. Además de las vías sin mantenimiento, denuncian peajes ilegales cobrados por disidencias y cuotas forzadas para construcción de infraestructura al servicio de grupos armados. La Gobernación del Valle respondió que está adelantando estudios y diseños para mejorar el corredor vial que conecta San Antonio y Villa Colombia.
Cansancio y frustración llevaron a las calles del corregimiento de Robles a decenas de habitantes y líderes de Jamundí este martes 3 de marzo. Su reclamo es simple pero urgente: que alguien en la administración ponga atención a las carreteras que conectan sus veredas. Desde hace meses, la zona rural del sur del Valle del Cauca reclama por trabajos sin terminar y vías que siguen deteriorándose mientras pasan los días.
"Estamos aquí haciendo una manifestación pacífica, debido a la problemática, al olvido que nos tiene sometido la Administración municipal", dijo uno de los manifestantes durante la protesta. La comunidad apunta a un caso específico que representa el abandono que denuncian: hace seis meses comenzaron trabajos de alcantarillado en Robles, pero después de levantar las calles y dejar una zanja abierta, todo quedó paralizado. "Volvieron y la taparon, pero sin meter los tubos. Entonces, eso nos está llevando a tener muchas dificultades en nuestra comunidad y las comunidades vecinas", explicó otro habitante de la región.
Los reclamos van más allá del mal estado de las vías. Líderes locales cuestiona qué pasó con la intervención de la carretera que conecta San Antonio y Villa Colombia, dos corregimientos también de Jamundí, cuya reparación fue prometida por la Gobernación del Valle en mesas de participación ciudadana. Algunos consideran que una vía en buen estado podría frenar la presión de grupos ilegales sobre la población civil. En la actualidad, disidencias cobran peajes ilegales en lugares como la vereda El Descanso y El Pital, en La Liberia: 12.000 pesos por carro y 5.000 por moto. Además, obligan a campesinos de San Antonio a pagar cuotas que alcanzan 600.000 pesos por persona al año, bajo la amenaza de financiar la construcción de infraestructura al servicio de estos grupos armados.
Desde la Gobernación, Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del departamento, respondió que ya tienen estudios y diseños listos para mejorar el corredor que va desde Jamundí hacia Villa Colombia y Río Claro. "En los próximos días estaremos validando para arrancar las intervenciones pertinentes que ayuden a mejorar el tránsito en ese corredor", indicó el funcionario. También mencionó que ya hay maquinaria trabajando en sectores como La Liberia y Timba desde hace varios días. Ramírez aseguró que la Gobernación, bajo el liderazgo de Dilian Francisca Toro, sigue articulada con las comunidades y la administración local para cumplir con los compromisos adquiridos.
Fuente original: El Tiempo - Colombia