La justicia colombiana cerró un capítulo importante en la lucha contra el crimen organizado. El Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a 30 años de prisión a Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', el capo que comandó al Clan del Golfo con mano de hierro durante años. La condena llegó tras un preacuerdo en el que el criminal aceptó su responsabilidad en múltiples delitos.

Los cargos que pesan sobre él son de los más graves en la justicia penal colombiana: homicidio, tortura, terrorismo, concierto para delinquir, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas militares. Además de la pena de cárcel, deberá pagar una multa que supera los 10.900 salarios mínimos mensuales. No es simplemente dinero: representa la intención del Estado de decomisarle recursos obtenidos de manera ilícita.

Entre los hechos que consideró el tribunal está el paro armado que sus propias Autodefensas Gaitanistas de Colombia promovieron en 2016. Esa acción paralizó varios departamentos del país con una ola de violencia que incluyó enfrentamientos contra la fuerza pública, bloqueos de carreteras, incendios de vehículos, explosiones y asesinatos tanto de civiles como de uniformados. El costo en vidas fue incalculable.

El tribunal también analizó crímenes específicos que marcaron la región. Uno de ellos fue el asesinato del capitán del Ejército Mauricio Andrés Lugo López en Urabá. Otro, igual de grave, fue el de José Yimer Cartagena Úsuga, un líder social y defensor de derechos humanos del Alto Sinú que fue retenido, torturado y finalmente asesinado por miembros de esa organización armada.

La captura de 'Otoniel' en octubre de 2021 en Necoclí fue un golpe estratégico para las autoridades. Sin embargo, la justicia colombiana no fue el único sistema que lo fue a juicio. Después de su detención, fue extraditado a Estados Unidos, donde cumple condena en una prisión federal por dirigir operaciones de narcotráfico hacia territorio norteamericano. En esos procesos norteamericanos también se declaró culpable y aceptó entregar bienes y recursos valorados en más de 216 millones de dólares.