Jamundí volvió a ser escenario de la violencia que aqueja al suroccidente colombiano. Presuntos integrantes de las disidencias de las Farc atacaron la subestación de Policía del corregimiento de Robles con drones explosivos y ráfagas de fusil. El enfrentamiento dejó dos policías heridos y obligó a que personal del Ejército y la Policía activaran el "Plan Defensa", un protocolo de reacción inmediata para repeler el ataque y recorrer la zona garantizando la seguridad de los habitantes.

Lo más duro de este ataque fue el impacto que tuvo en la población civil. Mientras los combates se desarrollaban, los estudiantes de un colegio cercano tuvieron que permanecer encerrados en sus salones de clase. Esta no es una situación aislada. En otros municipios de Cauca como Suárez y Buenos Aires, han circulado videos mostrando que los niños reciben lecciones sobre cómo protegerse en medio de enfrentamientos armados. La escuela se ha convertido en trinchera.

La defensora del Pueblo Iris Marín confirmó que buena parte de la zona rural de Jamundí está bajo el asedio de las disidencias de las Farc lideradas por alias "Iván Mordisco". En compañía de la alcaldesa Paola Castillo y la personera Martha Isabel Gutiérrez, Marín señaló que "Jamundí presenta un deterioro sostenido de la situación de seguridad y derechos humanos que fue advertido por la Defensoría del Pueblo a través de alertas tempranas vigentes para el suroccidente del país".

Según la Defensoría, el Frente Jaime Martínez mantiene "control territorial en zonas rurales y una expansión hacia áreas planas y suburbanas". Este control se traduce en lo que Marín describió como "prácticas de gobernanza criminal, de regulación social, justicia paralela, cobros extorsivos con impactos estructurales sobre la vida comunitaria y los derechos". Jamundí, por su ubicación estratégica como corredor hacia el Cauca, se ha convertido en un punto clave para el narcotráfico y la minería ilegal.

Marín enfatizó la relación directa entre el tráfico de droga y la escalada de violencia. Según sus datos, "Colombia registró 253 mil hectáreas de cultivos de coca en el 2023, que fue el máximo histórico con una concentración importante en esta región del suroccidente, lo que ha incrementado la disputa territorial y es una de las dinámicas que está alimentando la violencia".

Los números de la crisis humanitaria también son alarmantes. La Defensoría reportó que "en 2025 se registraron 200 eventos de desplazamiento masivo en el país con afectaciones recurrentes en el Valle del Cauca y Cauca". La alcaldesa Castillo agregó que los problemas de violencia en el municipio vienen de años atrás, con afectaciones que incluyen el reclutamiento de jóvenes, amenazas contra consejos comunitarios y Juntas de Acción Comunal, y hostigamientos constantes en corregimientos como Potrerito y Robles.