En la madrugada del 30 de abril, soldados israelíes abordaron embarcaciones en mitad del Mediterráneo para interceptar lo que la flotilla Global Sumud traía como misión: llevar ayuda humanitaria a Gaza. La escena se repitió en al menos 22 barcos. Con armas en alto, los uniformados advertían a gritos a los tripulantes que permanecieran quietos mientras sus linternas iluminaban la oscuridad de la noche. La escuadra había zarpado semanas antes desde Barcelona con la intención de romper el bloqueo a la Franja de Gaza, pero Israel los alcanzó a unos mil doscientos kilómetros de su destino, en aguas internacionales al sur de Creta.

El Gobierno de Netanyahu justificó la interceptación como necesaria para prevenir lo que considera una violación de un bloqueo legal. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores israelí argumentó que "debido a la gran cantidad de embarcaciones que participan en la flotilla, el riesgo de escalada y la necesidad de prevenir la violación de un bloqueo legal, se requirió una acción temprana de conformidad con el derecho internacional". Sin embargo, Israel no notificó a Grecia sobre la operación. Entre los 175 activistas trasladados a Israel figuran treinta españoles, veinticuatro italianos, quince franceses, diez malayos y tres colombianos, entre otros ciudadanos de más de veinte países. Otros 36 barcos lograron evadir el asalto y se encuentran anclados al sur de Creta o navegando en altamar, aunque algunos activistas reportaron que el Ejército israelí presuntamente inhabilitó los motores de algunos navíos, dejándolos a la deriva.

Los organizadores de la flotilla acusaron a Israel de "piratería" e insistieron en que la acción marca "una escalada peligrosa y sin precedentes: el secuestro de civiles en medio del Mediterráneo, a más de 965 kilómetros de Gaza, a la vista de todo el mundo". Argumentan que Israel actúa "con total impunidad, mucho más allá de sus fronteras, sin ninguna consecuencia". Por su parte, el Gobierno de Netanyahu caracterizó a los activistas como "provocadores profesionales en cruceros de placer" y publicó videos en redes sociales para burlarse de la misión, incluso mostrando paquetes de preservativos como supuesta evidencia de que no se trataba de ayuda genuina.

La reacción internacional fue inmediata. Turquía denunció "un acto de piratería", mientras que Italia, gobernada por Giorgia Meloni, exigió la liberación inmediata de sus ciudadanos e incluso ha suspendido acuerdos de cooperación con Israel en los últimos meses. La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, cuestionó públicamente cómo era posible que Israel tuviera libertad para "atacar y apoderarse de buques en aguas internacionales cerca de Grecia y Europa", advirtiendo que esto debería causar "conmoción en toda Europa".

Desde América Latina, el presidente Gustavo Petro denunció la detención de los tres colombianos a quienes se refirió como "secuestrados", y acusó al "régimen genocida de Netanyahu" de tomar ilegalmente las embarcaciones en aguas internacionales. En las calles también resonó la protesta: activistas griegos, italianos y españoles convocaron manifestaciones de rechazo a la operación.

Esta no es la primera vez que la Flotilla Global Sumud intenta romper el cerco a Gaza. Desde finales de 2025, la iniciativa ha enviado varias escuadras navales con suministros. En ocasiones anteriores, cerca de 450 participantes fueron arrestados, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg, quien posteriormente denunció abusos durante su detención. Israel mantiene el control de todos los accesos a Gaza y niega retener suministros, pero organismos internacionales de ayuda humanitaria afirman que lo que llega al territorio sigue siendo insuficiente para los dos millones de habitantes, incluso después del alto el fuego acordado en octubre que supuestamente garantizaba aumentar la asistencia.