Israel acaba de cruzar una línea que ha encendido las alarmas en el mundo. El parlamento israelí aprobó el lunes una ley que legaliza la pena de muerte como sentencia obligatoria para palestinos de Cisjordania condenados por asesinatos de ciudadanos israelíes en lo que se considera "terrorismo". Las ejecuciones se realizarían por ahorcamiento en un plazo de hasta 90 días después de la sentencia firme, sin mecanismos claros de indulto o clemencia.

La reacción internacional fue inmediata y contundente. La Unión Europea declaró el martes que la norma es "muy preocupante" y representa "un claro retroceso". Un portavoz de la Comisión Europea pidió a Israel que respete el derecho internacional y sus compromisos democráticos. Por su lado, Volker Turk, jefe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, fue más directo: afirmó que la legislación viola el derecho internacional humanitario, "sugiere serias preocupaciones sobre violaciones del debido proceso, es profundamente discriminatoria y debe ser derogada de inmediato".

España ha sido particularmente crítica. El presidente Pedro Sánchez condenó la ley al calificarla como un "paso hacia el apartheid". "Es una medida asimétrica que no se aplicaría a los israelíes que cometieran los mismos delitos. El mismo delito, diferente castigo. Es otro paso hacia el apartheid. El mundo no puede permanecer en silencio", remarcó Sánchez, quien se ha posicionado como uno de los críticos más firmes de las políticas israelíes entre los líderes occidentales. Esta condena marca un nuevo punto de quiebre en las relaciones entre Madrid y Jerusalén, tensionadas desde que España rechazó los ataques contra Gaza entre 2023 y 2025, a los que calificó de "genocidio", y que culminaron con la retirada de su embajador el 11 de marzo.

Lo preocupante radica en la discriminación estructural que crearía la ley. Los tribunales militares israelíes, que solo juzgan a palestinos en Cisjordania ocupada, estarían obligados a imponer la pena de muerte. En cambio, los ciudadanos israelíes, incluidos colonos frecuentemente involucrados en actos violentos contra palestinos, son procesados en tribunales civiles donde la pena capital no sería obligatoria y requeriría condiciones adicionales, como demostrar que el crimen buscaba negar la existencia del Estado de Israel. Amichai Cohen, investigador del Instituto Israelí para la Democracia, señaló que esto resulta en un sistema donde "los judíos no serán procesados bajo esta ley".

Para expertos en derechos humanos, esta legislación representa un nuevo giro en una dirección que varios países y organismos internacionales consideran cada vez más preocupante. Mientras Israel justifica la medida como respuesta a ataques palestinos, el rechazo global subraya la creciente brecha entre Jerusalén y buena parte de la comunidad internacional respecto a cómo debe enfrentar el conflicto palestino-israelí.