En las cárceles iraníes, una rutina macabra se repite cada amanecer desde el 20 de abril. Al menos una persona es ejecutada en la horca cada día. Lo que antes tardaba meses ahora sucede en semanas, y todo ocurre bajo la sombra de la guerra que estalló el 28 de febrero entre Irán y las fuerzas de Estados Unidos e Israel.

Los casos son perturbadores en su mecanicidad. Mehdi Farid, empleado de la Organización Iraní de Energía Atómica, fue ahorcado el 22 de abril acusado de colaborar con el Mossad, la agencia de inteligencia israelí. Un día antes le tocó el turno a Amirali Mirjafari, presentado como agente de Israel y Estados Unidos, aunque la verdadera acusación parecía ser su participación en las manifestaciones antigubernamentales de enero. La ONG Iran Human Rights (IHR) ha documentado que Mirjafari es el octavo condenado a muerte en relación con esas protestas, ejecutado tras juicios que apenas respetaban los derechos elementales de defensa.

Azadeh Kian, profesora emérita de sociología de la Universidad Paris Cité, explica sin ambigüedades el patrón: "Se observa un aumento de las ejecuciones políticas a raíz de la guerra". Los expertos advierten que estos juicios son sumarios, frecuentemente realizados por videoconferencia, donde los acusados ni siquiera tienen acceso real a un abogado. El régimen ha encontrado una excusa perfecta en el conflicto exterior para acelerar la represión interna. Como denuncia IHR: "La República Islámica sigue presentando los disturbios civiles internos como espionaje para acelerar la ejecución de los manifestantes".

Los condenados son principalmente jóvenes entre 20 y 25 años, detenidos durante las revueltas de enero, aunque también hay opositores de mayor edad vinculados a grupos como los Muyahidines del Pueblo. Se les acusa de "guerra contra Dios", una fórmula legal que automáticamente conlleva pena de muerte. Lo revelador es la velocidad: mientras el anterior movimiento "Mujer, vida, libertad" requirió más de un año para ejecutar a ocho manifestantes, estas nuevas ejecuciones se han realizado en apenas tres meses.

En abril, el jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, instruyó explícitamente a los tribunales a acelerar las condenas a muerte. La orden tuvo efectos inmediatos. Simultáneamente, la represión se multiplica: al menos 3.646 personas han sido detenidas desde el inicio de la guerra, incluidos abogados de derechos humanos como la célebre Nasrin Sotoudeh. El 20 de abril, la policía anunció 1.800 detenciones adicionales por actividades "hostiles". Muchos permanecen incomunicados, alimentando temores sobre futuras ejecuciones.

Para Kian, el objetivo es claro: aterrorizar. "El objetivo es intimidar. Al mismo tiempo, se han organizado desfiles armados de partidarios del régimen para enviar un mensaje a los opositores: 'Os tenemos en el punto de mira'". Esto ocurre mientras la población enfrenta crisis económica, desempleo e inflación en aumento, agotada por años de presión. La guerra ha fortalecido las facciones más radicales del régimen, simbolizado en el nombramiento del general Ahmad Vahidi, antiguo represor interno, al frente de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Las organizaciones de derechos humanos temen una nueva ola ejecutiva. Cientos de manifestantes están siendo juzgados actualmente por delitos capitales, y al menos treinta ya han sido condenados a muerte. IHR exige una moratoria inmediata y considera que las ejecuciones deben ser tema central en cualquier negociación con Teherán. Según datos de 2025, Irán ya ocupa el segundo lugar mundial en ejecuciones, apenas detrás de China, con al menos 1.639 personas ejecutadas, un récord en más de dos décadas.