La máquina institucional del país se movió este jueves con una sola voz para rechazar de frente lo que el Ejército de Liberación Nacional pretende hacer con cuatro servidores públicos: someterlos a lo que llama "juicios revolucionarios". Desde la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y la Procuraduría salió un ultimátum claro al grupo guerrillero: libere ahora mismo y sin condiciones a estos funcionarios que llevan más de un año en cautiverio en Arauca.

El tema que enfurecía a las instituciones no es solo humanitario, aunque lo es y de manera urgente. Es que el ELN intenta pisar uno de los fundamentos más básicos de la democracia colombiana: que en este país, regido por la Constitución de 1991, solo los jueces y los organismos legales del Estado pueden impartir justicia. Ningún grupo armado ilegal puede arrogarse ese poder, menos aún para imponer castigos a civiles o miembros de la Fuerza Pública bajo sus propias reglas.

El tono más duro de la jornada lo marcó el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco. Con palabras que no dejaban dudas, descalificó lo que calificó como "maniobras propagandísticas" de la guerrilla. "Como colombiano y como Procurador General rechazo con toda contundencia los secuestros infames [...] Es absolutamente inaceptable la pretensión alevosa e ilegítima de este grupo, de someterlos a supuestos 'juicios revolucionarios' y de prolongar arbitrariamente su cautiverio", sentenció Eljach Pacheco. El funcionario fue directo: quienes cometen secuestros son criminales, terroristas y narcotraficantes sin autoridad moral ni legal para juzgar a nadie.

Para el Procurador, la línea es inquebrantable. El secuestro es una violación grave de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. No admite justificación política, no se puede amnistiar, y la humanidad entera lo castiga. Con una frase que resumía la exasperación institucional, Eljach Pacheco advirtió: "La paciencia está agotada. Esos criminales solo merecen largas penas y repudio hasta cuando reparen todo el daño que le han causado a Colombia. Han abusado por demasiado tiempo y sin pudor alguno de la generosidad de esta sociedad que clama por la paz".

Las autoridades fueron enfáticas en recordar los nombres de quienes están en cautiverio y esperan volver a casa: Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, agentes de la Dirección de Protección y Asistencia, junto a Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, integrantes de la Policía Nacional. Detrás de cada nombre hay una familia sumida en la angustia, subrayaron las instituciones.

La Procuraduría no solo exigió al ELN la liberación incondicional de los cuatro, sino que se dirigió directamente al Gobierno Nacional. Le pidió tomar todas las acciones estratégicas y operativas necesarias para lograr su libertad y garantizar el orden nacional. También exhortó a las autoridades judiciales y militares a perseguir y enjuiciar con todo el peso de la ley a los responsables del secuestro.

El pronunciamiento cerró con un llamado a la comunidad internacional, organismos humanitarios como la Cruz Roja, y a todas las instituciones del Estado, a mantener una voz firme y unida contra estos actos criminales que hieren la dignidad de la nación. La solidaridad institucional ahora descansa en las familias que esperan justicia y que el Estado de Derecho prevalezca sobre el terror.