La noticia golpeó como un balde de agua fría a las familias de cuatro funcionarios en poder del ELN. Después de meses de esperanza en negociaciones discretas, la guerrilla anunció que sometería a dos agentes del CTI y dos policías a lo que llamó un "juicio revolucionario", una práctica que expertos consideran una usurpación de la justicia del Estado.

Yariel Macualo, esposa del investigador Rodrigo López, no ocultó su angustia. "Nos habían hablado de avances para una posible liberación tras el primer año, pero ahora nos toman por sorpresa con esta sentencia ilegal", expresó. Su compañera en esta pesadilla, Alejandra Sanabria, pareja del subintendente Franki Hoyos, reveló que gestiones a través de la iglesia y gestores de paz habían mostrado caminos esperanzadores que ahora se desvanecen en la incertidumbre.

Los cuatro funcionarios fueron "condenados" a permanecer en cautiverio entre 36 y 60 meses adicionales bajo acusaciones como espionaje. Lo que más duele a estas familias es que hace apenas unos días parecía haber movimiento hacia una salida. Ahora la puerta se cierra.

"Necesitamos acciones reales, que accedan a las peticiones para el regreso de mi esposo", imploró Macualo, quien además pidió urgentemente que el ELN suministre los medicamentos que su pareja requiere. El viernes se cumple un año del secuestro, una fecha que estas familias esperaban marcar con noticias diferentes.

El Gobierno, según denuncian las afectadas, permanece en silencio mientras el drama se intensifica. Lo que piden estas esposas es simple pero urgente: que sus hombres sean tratados con dignidad y que regresen vivos a casa.