Cuando debería haber apenas silencio en la entrada principal del Tayrona, volvieron a formarse largas filas de visitantes. Pero esta vez no era Parques Nacionales quien cobraba el ingreso, sino autoridades indígenas kogui y líderes campesinos que decidieron abrir por su cuenta la taquilla durante el cierre oficial. La escena dejó claro que en el parque no hay solo un problema ambiental o de seguridad: hay una lucha por el poder, por quién controla uno de los destinos turísticos más importantes del país.

Atanasio Moscote, gobernador del Cabildo Kogui del Magdalena, fue directo con el mensaje: "No nos vamos a retirar hasta que el Ministerio de Ambiente y la dirección del parque se reúna con nosotros y se plantee una propuesta que nos permita ser tenidos en cuenta como pueblo ancestral que ha habitado desde siempre en esta zona". Lo que piden no es participación simbólica en las decisiones. Es coadministración real, con capacidad de gobernar el destino y acceso directo a los ingresos que genera el turismo.

El punto de quiebre llegó cuando Parques Nacionales demolió estructuras que las comunidades habían construido para prestar servicios a los visitantes. Moscote explicó desde la entrada tomada: "Eso fue lo que nos cansó de los atropellos y nos llevó a tomar esta posición que mantendremos hasta que se nos reconozcan nuestros derechos sobre el parque". Pero detrás hay una historia más profunda. El Tayrona fue declarado parque nacional en 1964, pero ese territorio nunca estuvo vacío. Ya vivían allí indígenas, campesinos, pescadores. Según defensores de derechos humanos, la institucionalidad llegó imponiéndose con "favorecimientos" y "desconocimientos" que acumularon tensión durante décadas.

La toma ocurre en un contexto aún más complicado. El defensor Lerber Dimas señala que el parque y su área de influencia han sufrido una "gobernanza criminal" desde los años 80: grupos armados controlando territorio, regulando economías y resolviendo conflictos a través de la violencia. Eso significa que un simple cierre no soluciona nada. La defensora Norma Vera añade que el Tayrona está sobre la Línea Negra, territorio sagrado para los pueblos indígenas donde conviven rituales espirituales con turismo masivo. Para ella, todo el modelo de concesión necesita ser revisado desde el fondo.

El conflicto tiene un costo que Santa Marta no puede ignorar. Analistas estiman que para 2026 la ciudad podría recibir más de un millón de visitantes y mover cerca de 510 mil millones de pesos. El Tayrona funciona como el ancla de ese sistema: entre 60 y 70 por ciento del turismo llega directa o indirectamente por el parque. Un cierre prolongado significa 330 mil millones de pesos anuales en actividad económica en riesgo, unos 900 millones de pesos diarios que dejarían de circular en hoteles, tours, restaurantes y comercio informal. Omar García, presidente de Cotelco en Magdalena, lo resume en la cadena afectada: "Muchas familias dependen de la operación del parque". Guías, transportadores, vendedores de jugos, todos sienten el golpe primero en el bolsillo.

Lo que pasó en el Tayrona es una foto de una tensión que ya no cabe en los papeles y los trámites. No es solo quién abre o cierra mañana la puerta. Es quién decide, con qué reglas y a favor de quién gobiernan un territorio donde se cruzan historia ancestral, turismo millonario, reclamos sociales que llevan décadas sin respuesta, y sombras de violencia armada que nunca terminaron. Cualquier salida que ignore a las comunidades, al Estado, a los trabajadores o a los operadores corre el riesgo de convertirse en una crisis aún mayor.