En plena Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles que se realiza en Santa Marta, representantes de las nacionalidades Sapara, Andwa, Achuar, Kichwa, Waorani, Shiwiar y Shuar llegaron con un mensaje contundente: el gobierno ecuatoriano está ampliando la explotación petrolera en sus territorios ancestrales, justo cuando el mundo debate cómo abandonar los combustibles fósiles. Los líderes indígenas denunciaron las rondas petroleras Sur Oriente y Subandina anunciadas por Ecuador en septiembre de 2025, que contemplan la apertura de 11 nuevos bloques petroleros en las provincias de Napo y Pastaza.

Según la denuncia presentada en la conferencia, estas licitaciones se superponen completamente con territorios indígenas y no han cumplido con procesos de consulta previa, libre e informada, ni cuentan con el consentimiento de las comunidades. Los nuevos bloques pondrían en riesgo aproximadamente 3 millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana, una de las regiones más ricas en biodiversidad del planeta. Además, algunas áreas estarían cerca de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane, donde habitan pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario. Esta situación es particularmente grave considerando que Ecuador fue sentenciado en 2024 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por vulnerar el derecho al no contacto y la vida de estos pueblos.

Juan Carlos Ruíz, presidente de la nacionalidad Sapara, fue directo en su mensaje: "No queremos que se expanda la frontera petrolera. En nuestros territorios habrá vida, no petróleo". Por su parte, Ana Nango, delegada de la nacionalidad Andwa, cuestionó que los bloques petroleros sean presentados como áreas disponibles. "Es nuestro hogar", enfatizó, subrayando que las nuevas generaciones se oponen a la explotación. Marcelo Mayancha de la nacionalidad Shiwiar alertó que "la Amazonía está en riesgo".

La contradicción que señalan los líderes indígenas es evidente: mientras más de 50 países participan en Santa Marta buscando soluciones para una transición energética real, Ecuador no tiene un rol visible en esta agenda pese a su alta dependencia del petróleo y a la riqueza ecológica de su territorio. Según cifras presentadas por las comunidades, cerca del 16 por ciento del territorio ecuatoriano está concesionado a empresas petroleras, y 207 de los 437 territorios indígenas del país se superponen con bloques extractivos, afectando aproximadamente 21.000 kilómetros cuadrados.

Las nacionalidades amazónicas presentaron un conjunto de demandas: rechazar las nuevas licitaciones, denunciar la ausencia de consulta previa, exigir reparación por daños ambientales acumulados durante décadas, cumplir con la Constitución ecuatoriana y el derecho internacional, y advertir a empresas, inversionistas y entidades financieras sobre las responsabilidades legales y éticas de participar en estos proyectos. La denuncia también recibió apoyo de otras organizaciones indígenas amazónicas. Patricia Suárez, asesora de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), expresó solidaridad y recordó que existe un mandato cultural compartido: "los recursos del subsuelo deben permanecer allí".

En su pronunciamiento final, los pueblos de Pastaza fueron categóricos: la Amazonía no puede seguir siendo tratada como una zona de sacrificio ni como un conjunto de bloques petroleros negociables. Lo que está en juego, advirtieron, es un sistema vital que regula el clima global, almacena carbono, protege la biodiversidad y sustenta la vida de comunidades enteras. "Lo que está en riesgo no es únicamente el presente y futuro de los pueblos indígenas, es el equilibrio de uno de los territorios más importantes del planeta", concluyeron.