La violencia que azota al departamento del Cauca ha cobrado la vida de dos funcionarios ambientales, dejando en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores que custodian los recursos naturales en regiones golpeadas por grupos armados. El atentado ocurrió el sábado 25 de abril en el sector del Túnel de Cajibío, un evento que dejó un saldo de al menos 14 personas fallecidas.

Entre las víctimas se encuentran Patricia Mosquera, quien trabajaba en la Dirección Territorial Patía de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) y era reconocida lideresa del Movimiento Social de Mujeres Afropatianas, y Jarol Jair Bojorge, funcionario del área de control interno de la misma corporación. Sus muertes han puesto el foco en una realidad que viven diariamente las autoridades ambientales del país: trabajar en territorios donde la inseguridad es constante.

La Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars), que agrupa a estas autoridades a nivel nacional, rechazó contundentemente lo que denominó como un atentado terrorista. Yesid González Duque, director ejecutivo de Asocars, fue claro en su posición: "Rechazamos rotundamente este atentado y la escalada terrorista que padece nuestro país, especialmente en el Cauca y Valle del Cauca, regiones que han sido blanco de crueles ataques que afectan la población y la institucionalidad". El directivo también subrayó que "no hay condiciones para ejercer nuestra misión de administrar y conservar los recursos naturales".

Lo que preocupa aún más a estas autoridades es que la situación de orden público está impactando directamente su capacidad operativa. Según Asocars, más del 70 por ciento de los funcionarios de las Corporaciones Autónomas Regionales realizan labores de campo, lo que implica una exposición constante a riesgos de seguridad en territorios que están siendo escenario de ataques recurrentes.

Ángelo Bacci Hernández, presidente de la junta directiva de Asocars y director de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, a las instituciones del Estado y a la ciudadanía para que rodeen a estas entidades regionales y protejan a las comunidades en las zonas más afectadas por la violencia.

Asocars reiteró la necesidad de que las autoridades competentes adopten medidas concretas que garanticen la protección de la vida de estos trabajadores, quienes cumplen funciones esenciales en medio de contextos cada vez más complejos. El gremio también expresó sus condolencias a las familias de Patricia y Jarol, reconociendo el costo humano de estos ataques en una región que requiere con urgencia recuperar las condiciones mínimas de seguridad para que sus instituciones puedan funcionar.