La crisis invernal que dejó más de 170.000 hectáreas bajo agua en ocho departamentos abrió la puerta a una arremetida fiscal sin precedentes en Colombia. El Gobierno invocó facultades excepcionales para imponer un gravamen al patrimonio de empresas grandes, sobretasas a la generación de energía y cargas más pesadas sobre bancos y mineras. Todo para recaudar alrededor de 8 billones de pesos, cifra que equivale a lo que la mayoría de colombianos gasta en servicios básicos durante varios años.

Pero aquí está el nudo del debate: los empresarios cuestionan si esa plata llegará realmente a las zonas afectadas o si desaparecerá en otras prioridades. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, fue directo: ve a un Gobierno "desesperado por acumular recursos" que quiere hacerlo "a todo costo". El impuesto al patrimonio tiene alícuotas de 0,5 por ciento para la mayoría de empresas, pero trepa a 1,6 por ciento para bancos y minería. Se paga en dos cuotas: abril y mayo de 2026.

Lo preocupante para los comerciantes es que se grava el activo sin mirar si genera ganancias. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, lo explica con números reales: un supermercado opera con márgenes de apenas 0,8 a 3 por ciento. Cobrarle 0,5 por ciento sobre todos sus inventarios y locales, así no venda nada, es exigirle dinero que no tiene en la caja. En algunos casos, el impuesto podría incluso superar la utilidad neta del negocio.

El sector de energía también grita alarma. Se suma una sobretasa de 2 por ciento sobre ventas brutas (no sobre ganancias) a hidroeléctricas y plantas térmicas durante seis meses. Esto significa que pagan aunque tengan márgenes bajos. Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén, subraya que "se paga incluso cuando los márgenes son bajos". El costo adicional solo en el sector eléctrico podría rondar 330.000 millones de pesos, dinero que eventualmente se trasladaría a las facturas de los hogares. Frank Pearl, de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, resumió el dilema: "El país necesita equilibrio: recaudo hoy, pero inversión y crecimiento mañana".

Pero el asunto no se limita a impuestos. Dos decretos anexos prenden alarmas aún mayores sobre reglas del juego. Uno permite que entidades públicas contraten directamente para ejecutar la emergencia, exceptuándose de la Ley de Garantías que protege las elecciones del dinero público. En pocas palabras: a meses de comicios presidenciales, el Ejecutivo puede gastar plata sin las restricciones ordinarias. La senadora Angélica Lozano fue clara: la emergencia "no puede ser un cheque en blanco para la politiquería".

El otro decreto faculta a la Agencia Nacional de Tierras para expropiar predios de forma acelerada, saltándose fases judiciales. El exministro Andrés Valencia habló de la reaparición de una "expropiación exprés". Esto erosiona la seguridad jurídica, ese concepto que los inversionistas valoran más que nada. Cuando ven que las reglas pueden cambiar de la noche a la mañana durante una emergencia, la desconfianza aumenta.

El mensaje que todo esto envía es que Colombia, en plena fragilidad económica y año electoral, está jugando con sus propias reglas. El Consejo Gremial Nacional lo resumió: "La inversión exige reglas claras, previsibles y estables. Cuando el marco normativo puede alterarse de esta forma, el riesgo institucional aumenta y la confianza disminuye". Mientras tanto, 40.000 productores esperan soluciones reales, no solo recaudos que desaparecen sin explicación.