En un acontecimiento sin precedentes en la historia judicial colombiana, el Consejo de Estado continúa adelantando un proceso de pérdida de investidura contra un presidente en ejercicio. Este miércoles, el magistrado Alberto Montaña escuchó los argumentos de ambas partes en una audiencia que marca un hito en la jurisprudencia nacional. Lo inusual del caso radica en que, aunque Gustavo Petro hoy es el jefe de Estado, el litigio se enfoca en su desempeño anterior como senador de la República, entre 2018 y 2019.

El camino para llegar a esta audiencia no fue sencillo. Después de casi cuatro años de debate jurídico, la Sala Plena del Consejo de Estado resolvió en febrero de este año que sí tiene competencia para juzgar a un presidente cuando las conductas cuestionadas ocurrieron durante su etapa como congresista. Esto fue una reversa de lo que había decidido una sala especializada en septiembre de 2022, apenas un mes después de que Petro asumiera la presidencia. En aquella ocasión, el tribunal consideraba que solo la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes podía procesar al mandatario en ejercicio.

La demanda fue presentada por Joan Sebastián Moreno, un abogado que argumenta que Petro acumuló al menos seis ausencias injustificadas a sesiones del Congreso, lo que constituiría causal de pérdida de investidura según la normatividad colombiana. Moreno señala que estas faltas ocurrieron en agosto, octubre y noviembre de 2018, y nuevamente en abril y mayo de 2019. Sin embargo, tanto la defensa del presidente como la Procuraduría han presentado objeciones sólidas a esta acusación.

El argumento de la Procuraduría es contundente: aunque es cierto que Petro tuvo varias inasistencias, muchas de ellas estuvieron justificadas con incapacidades médicas certificadas por dos doctores cuyos testimonios el Consejo escuchó en abril pasado. Además, la entidad del Ministerio Público subraya que la norma exige que las seis ausencias injustificadas deben ocurrir dentro del mismo período legislativo, y las que Moreno alega se distribuyen entre legislaturas diferentes. Por su parte, Pedro Alejandro Carranza, abogado del presidente, mantiene que "la solicitud carece de fundamento fáctico y jurídico para prosperar, al no acreditar inasistencias injustificadas".

Lo que da mayor relevancia a este proceso es que, independientemente del fallo que emita el Consejo de Estado, la sentencia no tendrá efectos prácticos sobre la administración actual. Petro continuaría en sus funciones como presidente sin que la decisión judicial impacte su mandato. No obstante, desde el punto de vista histórico y constitucional, el caso representa un momento crucial: por primera vez en Colombia, el más alto tribunal contencioso administrativo enfrenta el reto de juzgar a un jefe de Estado por conductas anteriores a su llegada a la Casa de Nariño.