Colombia intenta recuperarse de uno de sus mayores tropiezos en materia de seguridad financiera internacional. Hace varios meses, el país fue expulsado temporalmente del Grupo Egmont, la red mundial que reúne a 182 unidades de inteligencia financiera de distintos países. La razón fue simple pero grave: información confidencial fue divulgada públicamente en septiembre de 2024. Esa suspensión le costó al país el acceso a herramientas esenciales para perseguir a criminales que mueven dinero ilícito.

Ahora el Ministerio de Hacienda está intentando limpiar la mancha. Publicó un proyecto de decreto con nuevas reglas para manejar la información que recibe la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). En términos simples, lo que propone es crear un cerco mucho más estricto alrededor de los datos sensibles. Cualquier información que la UIAF reciba de otras unidades de inteligencia financiera del mundo será compartida "única y exclusivamente" con los receptores autorizados. No hay espacio para filtraciones.

El decreto también establece un protocolo más cuidadoso cuando haya que compartir información con otras autoridades nacionales por razones de seguridad o defensa. Antes de entregar datos a un receptor diferente al original, Colombia tendría que pedir autorización previa a quién envió la información. Es como un doble candado: quien compartió los datos tiene que dar el visto bueno antes de que esa información vaya a otro lado.

Lo que está en juego es bastante importante para Colombia. El Grupo Egmont es la puerta de entrada a una red internacional crucial para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Sin acceso a esa información compartida, los investigadores colombianos quedan en desventaja para rastrear dinero criminal que cruza fronteras. Con estas nuevas medidas, el gobierno espera demostrar al Grupo Egmont que puede manejar información confidencial con la seriedad que exige la comunidad internacional.