Hacienda defiende traslado de 122 mil pensionados a Colpensiones mientras Banrep advierte riesgo legal

El Ministerio de Hacienda respondió a las preocupaciones del Banco de la República sobre el traslado de ahorros pensionales desde fondos privados a Colpensiones. Desde julio de 2024, más de 122 mil afiliados se han movido, llevando recursos por 25 billones de pesos. Sin embargo, el Banco de la República cuestiona la legalidad del decreto porque la ley que lo sustenta está suspendida por la Corte Constitucional, y advierte riesgos de desestabilización financiera.
La batalla por las pensiones en Colombia entra en una nueva fase. El Ministerio de Hacienda salió a defender su reforma pensional esta semana, respondiendo directamente a las críticas del Banco de la República sobre un proyecto de decreto que busca trasladar los ahorros de los afiliados desde los fondos privados hacia Colpensiones, el sistema público de pensiones.
Los números son grandes. Según Minhacienda, "desde julio de 2024 a la fecha se han trasladado más de 122 mil afiliados de los fondos privados a COLPENSIONES, representando aportes superiores a 25 billones de pesos". Además, "de los traslados se les ha reconocido la pensión a más de 24 mil afiliados", lo que significa recursos por encima de 5,4 billones de pesos ya entregados. En otras palabras, el Gobierno ya está moviendo dinero de gente que no recibió aún su pensión.
El problema es que mientras el Gobierno mueve a los pensionados, el dinero de sus aportaciones sigue atrapado en los fondos privados. Según el ministerio, "los aportes de los afiliados permanecen en los fondos privados creando una presión insostenible sobre las finanzas de Colpensiones". Esto genera una contradicción: la gente ya se mudó al sistema público, pero su dinero no los acompaña. Colpensiones debe pagar sus pensiones sin tener esos recursos disponibles.
Aquí entra la advertencia del Banco de la República, que en un análisis filtrado al medio Portafolio cuestiona la legalidad de todo esto. El Emisor señala que el decreto propuesto excede las facultades del Gobierno porque la ley que lo sustenta, la Ley 2381 de 2024, está actualmente suspendida por decisión de la Corte Constitucional. Para los ciudadanos comunes, esto significa que el Banco de la República dice que el Gobierno no tiene permiso legal para hacer lo que está haciendo.
El riesgo que preocupa a los expertos no es solo jurídico, sino financiero. La mayoría de esos ahorros pensionales están invertidos en títulos de deuda pública conocidos como TES (bonos del Estado). Si se retiran masivamente, podrían desestabilizar los mercados financieros locales y presionar las tasas de interés al alza, lo que afectaría el costo del dinero para empresas y personas. El Banco de la República también señala que Colpensiones aún no tiene la capacidad técnica para absorber este dinero de inmediato porque el fondo que recibiría estos recursos ni siquiera está funcionando todavía.
El Gobierno insiste en que todo está condicionado a lo que decida la Corte Constitucional sobre la exequibilidad de la ley. Mientras tanto, afirma que seguirá aplicando las normas vigentes. Minhacienda también propuso negociar con Colpensiones la compra de esas inversiones en TES para minimizar el impacto en los mercados financieros. Para el colombiano de a pie, esto significa que su pensión está en el centro de una pelea entre instituciones, y nadie sabe aún cómo terminará.
Fuente original: Portafolio - Economía