Lo que comenzó como un pulso político entre gobiernos se convirtió en un problema que golpea directamente el bolsillo de miles de colombianos y ecuatorianos. Un grupo de exministros de Comercio de ambos países sacó la voz el 1 de marzo para advertir sobre las consecuencias reales de la escalada de medidas comerciales. Y sus números hablan solos: están poniendo en riesgo casi 3.000 millones de dólares en comercio bilateral y alrededor de 200.000 empleos formales.

Para entender qué está pasando, hay que mirar lo que cada país ha hecho. Por el lado ecuatoriano, implementaron una tasa de seguridad del 50% y aumentaron las tarifas de transporte de crudo por oleoducto. Colombia respondió con aranceles del 50%, prohibió la entrada de ciertos productos por vía terrestre y cortó la venta de energía eléctrica de proveedores privados. En otras palabras: ambos gobiernos están levantando muros comerciales.

El problema es que estos muros no están cayendo sobre contrabandistas o criminales, sino sobre empresas legales que simplemente están haciendo negocios. "Los sectores empresariales de ambos países han construido cadenas de valor conjuntas, han invertido capital en ambos lados de la frontera y han generado empleo formal", dice el comunicado de los exministros. Eso significa que una fábrica en Cali puede depender de materias primas de Ecuador, o un comerciante ecuatoriano puede vender productos colombianos. Cuando se cierran las fronteras comerciales, toda esa red se rompe.

Aquí viene lo paradójico: los gobiernos justifican estas medidas por razones de seguridad fronteriza. Pero, según los exministros, no está funcionando. "Las medidas adoptadas recientemente están afectando a las actividades productivas formales, sin que ello se traduzca en mejoras tangibles en materia de seguridad fronteriza". En otras palabras: están castigando a empresas honestas sin resolver el problema de verdad. Los exministros reconocen que sí hay desafíos serios de seguridad en la frontera, pero insisten en que la solución no es cerrar el comercio sino fortalecer la cooperación entre autoridades y fuerzas de seguridad para combatir directamente a los grupos criminales.

Lo que estos exfuncionarios piden es simple pero urgente: que Colombia y Ecuador abran nuevamente el diálogo entre sus gobiernos. Proponen tres acciones concretas: coordinar prioridades conjuntas en seguridad, desmontar las restricciones que implementaron recientemente y armar una agenda de trabajo a mediano y largo plazo. También sugieren revivir los compromisos de la Comunidad Andina de Naciones, el mecanismo de integración que une a estos países desde hace décadas.

El contexto importa. Mientras el mundo se protege con más aranceles y restricciones comerciales, la integración regional es justamente lo opuesto: es la mejor herramienta para que países pequeños enfrenten desafíos externos de manera coordinada. Cuando Colombia y Ecuador se cierran mutuamente, se debilitan los dos. Cuando se abren, ambos ganan. La pregunta ahora es si los gobiernos escucharán a quienes alguna vez estuvieron en sus posiciones y saben de qué hablan.