La Contraloría encendió las alarmas esta semana al presentar un estudio que muestra cómo los grupos armados ilegales han expandido su control territorial de manera preocupante en Colombia. Mientras en 2019 estos actores tenían presencia en 195 municipios, hoy controlan o tienen influencia en 518, lo que significa un crecimiento superior al 165 por ciento en apenas seis años.

El informe demuestra que estas organizaciones criminales no solo han crecido en número de municipios, sino que también han fortalecido sus filas significativamente. En el último año incorporaron alrededor de 5.000 combatientes adicionales para sumar un total de 27.000 miembros. Este crecimiento refleja su capacidad de adaptarse rápidamente y de reconfigurar sus estructuras para evadir la acción de las autoridades.

La escalada de violencia acompaña esta expansión territorial. Los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y estos grupos aumentaron 111 por ciento, alcanzando 228 combates en 2025, la cifra más alta registrada en los últimos diez años. Estas cifras pintan un panorama donde la seguridad nacional enfrenta una amenaza creciente y cada vez más sofisticada.

Ante esta realidad, la Contraloría insiste en que Colombia debe invertir mucho más en ciencia, tecnología e innovación para fortalecer sus capacidades de defensa. Actualmente el país dedica apenas el 0,2 por ciento de su Producto Interno Bruto a estas actividades, mientras que el promedio de países miembros de la OCDE alcanza el 2,5 por ciento. Aunque se han asignado recursos para sistemas antidrones (136.200 millones en 2024 y otros 300.000 millones programados para 2025), la brecha de inversión sigue siendo considerable.

El organismo de control advierte que los avances logrados en la lucha contra estos grupos ilegales deben consolidarse, pero requieren una visión estratégica clara y una política pública que garantice continuidad en las operaciones y en el fortalecimiento tecnológico de las instituciones de seguridad.