La fiscal general Luz Adriana Camargo y el comisionado de paz Otty Patiño sellarón un acuerdo que marca un giro en cómo Colombia administrará uno de los aspectos más delicados de la paz total. De ahora en adelante, los negociadores de grupos armados no tendrán garantizado automáticamente mantener sus órdenes de captura suspendidas. Tendrán que demostrar continuamente que cumplen las condiciones para conservar ese beneficio judicial.

El acuerdo nace de una advertencia clara que la Corte Constitucional ya había hecho: esas suspensiones no pueden ser indefinidas ni funcionan por simple trámite. Deben estar sujetas a revisión, a control y a límites muy precisos. Por eso la nueva metodología que anunciaron el 26 de marzo establece evaluaciones periódicas sobre si los representantes de estos grupos siguen mereciendo ese trato especial. La revisión tomará en cuenta los hechos, el momento en que ocurren y el contexto donde suceden.

El caso de Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá Córdoba, será el primero en pasar por este filtro. Calarcá representa al Estado Mayor de Bloques y Frentes en la mesa de diálogos, pero la Fiscalía encontró indicios de delitos recientes. La fiscal Camargo explicó en declaraciones a Blu Radio que existe información sobre su posible vinculación con agresiones contra defensores de derechos humanos y con el homicidio de un líder social. Esa información proviene de dispositivos que fueron incautados.

La presencia de Calarcá en la negociación tiene una historia compleja. El proceso comenzó con el Estado Mayor Central de las FARC-EP y se formalizó en octubre de 2023. Sin embargo, durante 2024 el Gobierno reorganizó quién participa en la mesa. Sacó a Iván Mordisco y mantuvo únicamente a tres estructuras: Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte y el Frente Raúl Reyes, que ahora operan bajo la denominación conjunta de Estado Mayor de los Bloques y Frentes.

Lo que suceda con Calarcá en las próximas semanas será revelador. No solo determinará si pierde su suspensión de captura, sino que también mostrará cómo funcionará en la práctica este nuevo equilibrio entre mantener abiertos los diálogos de paz y garantizar que quienes participan en ellos no aprovechen el beneficio para cometer nuevos delitos. La Fiscalía dejó clara su posición: si el Gobierno no actúa, ella tiene la capacidad de reactivar la orden de captura de manera independiente.