El Ministerio de Trabajo lleva semanas en una batalla judicial que ha trasladado la discusión económica a los juzgados. El ministro Antonio Sanguino vuelve a caracterizar como "bloqueo institucional" lo que está ocurriendo con el aumento del salario mínimo y la reforma pensional, dos medidas que el Gobierno considera fundamentales para su agenda social pero que enfrentan obstáculos legales.

La semana pasada, el presidente Gustavo Petro expidió un decreto que mantiene el incremento del 23,7% en el salario mínimo (lo que equivale a llevarlo a un nivel que el Gobierno considera más cercano al que la Organización Internacional del Trabajo define como "salario vital"). Esto ocurrió porque un juez del Consejo de Estado había ordenado una medida de emergencia que momentáneamente suspendía el aumento original. Mientras los tribunales examinan si ese aumento fue legal o no, el decreto transitorio permite que los trabajadores sigan recibiendo la cifra más alta, al menos por ahora. El Gobierno también presentó un recurso pidiendo que anulen esa medida de emergencia del juez.

La controversia se convirtió en un acto político de grandes dimensiones. El presidente salió a las calles con su gabinete bajo la consigna "ni un peso atrás" para movilizar a sus seguidores y demostrar que el Gobierno no retrocedería en el aumento. Las centrales obreras apoyaron la iniciativa, pero empresarios y opositores la vieron como una maniobra electoral aprovechando que se acercan las elecciones legislativas. Para el trabajador promedio, esto se traduce en incertidumbre: ¿realmente llegará el aumento a su bolsillo de manera definitiva o depende de lo que digan los jueces?

Pero los problemas del Ministerio de Trabajo no terminan ahí. La Corte Constitucional aceptó recientemente una solicitud del Gobierno de que un magistrado se retirara de evaluar la reforma pensional. Esta reforma es crucial porque redefinirá completamente cómo funciona el sistema de pensiones en el país, algo que afecta directamente el futuro económico de millones de colombianos. Sin embargo, la Corte ha pospuesto varias veces su decisión sobre si esta reforma cumple con los requisitos constitucionales.

Ante esta situación, Sanguino defendió la idea de convocar a una asamblea constituyente. Según su visión, los obstáculos judiciales son tan significativos que es necesario replantear desde cero varios aspectos de la política social y laboral. "La constituyente está más que justificada ante este bloqueo institucional, no solo por la reforma pensional, sino también por la reforma a la salud, lo que ocurrió con la reforma laboral y ahora con el salario vital", señaló el ministro.

En paralelo, el Gobierno anunció que la nueva emergencia económica que acaba de decretar incluirá medidas específicas para las pequeñas y medianas empresas (mipymes), que son las más expuestas al impacto de un aumento del salario mínimo. El Ministerio ha entregado más de un millón y medio de incentivos equivalentes al 35% del salario mínimo a empresas que contraten personas con discapacidad, jóvenes sin experiencia, madres cabeza de hogar y otros grupos vulnerables. Ahora planea ampliar este programa. Además, busca aplicar una tasa de impuesto a la renta diferenciada para pequeñas empresas, una medida que requeriría normalmente una reforma tributaria pero que ahora podría hacerse bajo la emergencia económica. También hay líneas especiales de crédito activas para las mipymes.

Lo que sigue es un prolongado proceso judicial. El Consejo de Estado debe resolver el recurso que presentó el Gobierno contra la medida que suspendía el aumento. Este trámite podría tomar entre uno y dos meses. Una vez resuelto, el tribunal estudiará de fondo si el decreto del aumento es legal o si debe anularse. Si los jueces finalmente anulan el aumento, esto no significaría que los trabajadores devuelvan el dinero ya recibido, pero establecería un precedente para futuras decisiones.

Sin embargo, hay críticas a la justificación técnica del aumento. Expertos como Henry Amorocho, docente en Hacienda Pública, señalan que el Gobierno basó principalmente su decisión en el concepto de la OIT sobre salario vital pero no presentó un análisis suficientemente detallado del impacto de la inflación y la productividad, elementos que la ley exige evaluar cuidadosamente. Amorocho también advierte que el contexto preelectoral no favorece un análisis puramente técnico y que será el Consejo de Estado quien finalmente determine si todo cumple con los requisitos constitucionales y legales.