En los próximos días comenzará un proceso sin precedentes en el sistema de salud colombiano. El Gobierno iniciará el traslado de 6,5 millones de afiliados entre diferentes EPS siguiendo lo establecido en el Decreto 0182. A diferencia de cambios anteriores, esta vez los usuarios no tendrán la posibilidad de negarse al cambio de asegurador.

La magnitud de esta reorganización es considerable, pero lo que más preocupa a los analistas es cómo quedará distribuida la oferta de servicios en el país. En 504 municipios, Nueva EPS será la única aseguradora autorizada, lo que significa que millones de personas no tendrán ninguna opción de libre escogencia. Sin embargo, cuando se examina la situación en los 137 municipios donde sí habrá más de una opción, el panorama no mejora significativamente.

En estos 137 municipios donde existen exactamente tres EPS autorizadas, Nueva EPS aparece en el 100% de los casos. Esto quiere decir que aunque técnicamente hay opciones, una de las tres siempre será la misma aseguradora. Además de esto, la situación se complica porque en 101 de esos 137 municipios (el 73,7%), al menos dos de las tres aseguradoras disponibles están bajo intervención de la Supersalud. En 33 municipios la situación es aún más crítica: las tres EPS autorizadas están simultáneamente intervenidas.

Esta concentración afecta particularmente a seis capitales de departamento incluidas en esta lista: Tunja, Yopal, Quibdó, Neiva, Mocoa y Montería. En ciudades como Tunja y Yopal, dos de las tres aseguradoras también estarán bajo control estatal. Antioquia concentra el 22,6% de estos 137 municipios (31 en total), seguida por Cauca, Valle del Cauca y Tolima. La mayoría están en zonas rurales, con presencia de población indígena y altos índices de pobreza.

El movimiento Pacientes Colombia ha advertido sobre los riesgos de este proceso. Según la organización, el decreto podría interrumpir tratamientos a millones de personas con enfermedades de alto costo como cáncer, VIH o enfermedades raras. El movimiento cuestiona que muchos pacientes sean reasignados a Nueva EPS, una entidad intervenida que enfrenta problemas de capacidad operativa y situación financiera. Solicitan que se suspenda la aplicación inmediata de la norma hasta garantizar que ningún paciente vea interrumpida su atención.

Los pacientes que sean trasladados a EPS intervenidas no podrán cambiar de asegurador hasta después de 60 días en la nueva entidad asignada, lo que deja a los usuarios en una situación de incertidumbre sobre cómo continuarán recibiendo sus tratamientos durante este período.