El Ministerio de Salud y Protección Social se apresta a reglamentar la entrega de 300 mil millones de pesos para cancelar deudas de la Asociación Indígena del Cauca, Entidad Promotora de Salud Indígena (AIC EPS-I), con hospitales y clínicas del país. Según la resolución publicada para comentarios, estos recursos provendrían del Presupuesto General de la Nación y se entregarían al Territorio Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca.

El giro extraordinario fue autorizado mediante el Decreto Ley 333 de 2026 y hace parte de un proceso más amplio de transición hacia el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (Sispi), el modelo de salud reconocido por la ley para que el Cric administre directamente la salud de su territorio. La idea es evitar una ruptura en la atención de la población indígena afiliada durante este cambio de sistema.

El dinero no iría directamente a la aseguradora, sino que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) giraría los fondos directamente a los hospitales, clínicas y proveedores de tecnologías en salud que tengan acreencias certificadas. Para esto, la AIC EPS-I debe presentar ante la Superintendencia Nacional de Salud un listado detallado de acreedores, montos adeudados y un cronograma de pagos. La Superintendencia verificaría que estas cifras coincidan con los registros previos antes de autorizar los desembolsos, que deberían efectuarse en máximo cinco días hábiles.

Los recursos se manejarían en una cuenta independiente, separada de otros dineros públicos. Si los 300 mil millones no alcanzaran para cubrir todas las deudas, la aseguradora o quien la reemplace tendría la responsabilidad de saldar lo faltante antes de que el Sispi comience a operar.

Sin embargo, el proceso genera inquietudes en varios sectores. Autorizar un desembolso de esta magnitud en las últimas semanas de un gobierno plantea preguntas sobre la prudencia financiera y administrativa. Por ley, la administración saliente debe hacer un empalme transparente con el equipo entrante, documentando compromisos presupuestales y giros pendientes para que no queden obligaciones sin control ni trazabilidad. Que un acto de esta envergadura se tramite en paralelo a ese proceso de transición genera alertas sobre la debida supervisión de los recursos públicos, independientemente del propósito declarado de proteger el derecho a la salud de la comunidad indígena.