El final del gobierno de Gustavo Petro ha traído consigo una salida masiva de militares de alto rango que no tiene precedentes en la historia reciente del Ejército Nacional. Según la investigación de EL COLOMBIANO, entre el 16 de marzo y el 3 de julio de este año, el Ministerio de Defensa expidió 36 resoluciones que ordenaron el retiro de 326 militares del servicio activo. Lo alarmante es que 153 de estos son oficiales con poder de mando y toma de decisiones.

Para entender la magnitud del fenómeno, basta comparar: en un año normal, el Ejército llama a calificar servicios (una modalidad de retiro donde el Estado no debe justificar las razones) entre 80 y 150 oficiales. En apenas tres meses, se alcanzó una cifra que abarcaría tres años de operaciones normales. De los 326 retiros, 304 se realizaron bajo esta controvertida figura de calificar servicios.

Entre los despedidos están coroneles con más de 30 años de experiencia. Específicamente, salieron 24 coroneles, 50 tenientes coroneles, 70 mayores, dos capitanes, dos tenientes y cinco subtenientes. Muchos de ellos lideraron unidades críticas en la lucha contra el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc. Lo inquietante es que varios de estos coroneles, como Héctor Cely Torres, Donny Preciado Sierra, Óscar Moreno Gómez, Fever Martínez Garzón y Wilson Velandia Serrano, permanecieron menos de un año en sus cargos antes de ser retirados. También salieron 173 suboficiales, muchos de ellos sargentos viceprimeros encargados de liderar pelotones en operaciones de combate. "La salida de este personal es problemática, muchos son los comandantes de los pelotones, y quienes aplican directamente las tácticas en el campo de batalla, son los que dan la pelea", aseguró uno de los oficiales entrevistados.

Los abogados que representan a los militares afectados han encontrado patrones preocupantes. Enoc Salcedo Ruiz, subdirector de la firma DKS Soluciones Jurídicas, observó que "un patrón que observamos es que se llama al retiro al personal que dirige y participa en las operaciones contra los grupos armados ilegales. El Gobierno trata de enmascararlo en un discurso de lucha contra la corrupción en las Fuerzas Militares, pero es extraño que a las personas que salen no les abren un expediente penal o disciplinario por corrupción". El abogado agregó que "en la mayoría de los casos el Ministerio de Defensa aplica la facultad discrecional que le da la ley, porque con esa figura no está obligado a sustentar el motivo del retiro, pero cuando se desata un pleito jurídico y el oficial perjudicado exige las evidencias mediante tutela o derecho de petición, tampoco las tienen".

Otro abogado, Sebastián Márquez de Tejada, evidenció problemas administrativos graves. El Ministerio de Defensa debería haber expedido el Decreto Planta para 2026 (que fija la cantidad de oficiales por grado) a principios de año, pero en mayo aún no lo había hecho. Esto significa que los retiros de febrero, marzo y abril carecían del sustento legal necesario. Además, en las actas de la Junta Asesora (encargada de aprobar los retiros) se detectaron falta de quorum, ausencia de firmas y desfases en las fechas.

Uno de los hechos más cuestionables involucra a ocho mayores que acababan de terminar el Curso de Estado Mayor, un programa de un año que cuesta en promedio 150 millones de pesos por oficial y que es requisito para ascender a teniente coronel. Todos eran del arma de Inteligencia Militar y fueron retirados después de completar la formación. "Eso nunca había pasado, fue muy insólito porque el Gobierno invierte en promedio 150 millones de pesos por cada oficial en esos cursos, les paga la maestría, sueldo fijo, una pensión vitalicia de un millón de pesos y un viaje de comisión al exterior", relató uno de los afectados.

Algunos de estos oficiales creen tener explicación para sus retiros. Uno de ellos reveló que participó en operaciones que golpearon duramente a las disidencias de alias "Calarcá" en 2017. "Creo que a mí me cobraron un golpe que le di a las disidencias de 'Calarcá' cuando él todavía no era famoso. Ahí le matamos a la novia de ese momento y al mejor amigo. Sí. 'Calarcá' y el ELN pidieron que rodaran cabezas de Inteligencia Militar", declaró el oficial.

Cuando se consultó al Ejército sobre estas acusaciones, la institución se remitió a un comunicado del 6 de mayo en el que afirma que "los procesos de retiro de oficiales, suboficiales y soldados profesionales no son arbitrarios ni repentinos. Se rigen por lo establecido en los Decretos Ley 1790 y 1793 de 2000 y normas vigentes. Se realizan bajo evaluaciones periódicas, comités rigurosos y etapas definidas que garantizan el debido proceso". Sin embargo, los documentos revisados y los testimonios de los afectados sugieren un panorama más complejo, dejando interrogantes sin respuesta para militares que dedicaron décadas al servicio.