El gobierno anunció un plan que mete 25 billones de pesos en una polémica sin resolver. Según el borrador de decreto que circula, ese dinero vendría de los fondos privados de pensiones (las AFP) y se trasladaría a Colpensiones, el sistema público. Quiénes se beneficiarían son las personas que hace algunos años aprovecharon una ventana especial para cambiar del sistema privado al público y que están a menos de 10 años de jubilarse.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, salió a defender la medida con una promesa contundente: "el dinero es sagrado y no se usará para gasto corriente". En entrevista con El Tiempo, reiteró que "nosotros, el Gobierno, el Ministerio de Trabajo y Hacienda garantizamos que esos recursos son sagrados, constituyen el ahorro de los ciudadanos y están destinados a garantizar los derechos pensionales de las personas que se han trasladado". El mensaje es claro: estos billones protestarán las pensiones futuras, no servirán para tapar huecos del presupuesto nacional.

El problema es que los expertos no creen que sea posible blindar esos recursos una vez entren al sistema público. José Ignacio López, presidente de Anif (el gremio de instituciones financieras), lo explica en términos sencillos: "El gobierno dice que esto se va a usar, pero realmente lo que estaría recibiendo son unos recursos que dan unidad de caja al presupuesto, pues pueden terminar en gasto corriente". En otras palabras, aunque el gobierno lo prometa, una vez la plata entre a las arcas públicas, técnicamente podría usarse para cualquier cosa. Es como tener dinero en una caja común: aunque digas que es solo para la renta, también necesitas comer.

César Pabón, de Corficolombiana, es más crudos aún: "Yo creo que es muy difícil ver la manera como el gobierno va a poder garantizar eso. A mí realmente me parece difícil, entendiendo el presupuesto de Colpensiones y que el dinero se considera fungible, así que puede utilizarse para diferentes usos". El concepto es importante: dinero fungible significa que es intercambiable, que una vez entra al sistema no puedes rastrearlo específicamente. Es como echar 25 billones a un río: aunque digas que algunos pesos son solo para riego y otros solo para agua potable, una vez se mezclan en la corriente, es imposible separarlos.

Hay también un riesgo legal que preocupa a los expertos. López recuerda que la reforma pensional aprobada por el Congreso estableció que los recursos de esa ventana de traslado debían permanecer en cuentas individuales hasta que se consolidara la pensión. Un traslado anticipado modificaría ese diseño. Como dice López: "Hay un decreto que va en contra de la ley y por eso nos parece que ya desde el punto de vista jurídico muy simple no debería aplicarse".

El impacto más profundo sería estructural. Esos 25 billones no eran solo dinero para usar ahora: eran la "cuota inicial" del fondo de ahorro que el Banco de la República administrará en el nuevo sistema. Si ese dinero se gasta hoy, el futuro del sistema pensional pierde su colchón. López lo advierte sin rodeos: "Si le quitamos el traslado, al comienzo el sistema no va a ahorrar casi nada y eso es un juego que se va a empezar a abrir con los años". Esto significa que gobiernos futuros tendrán que endeudarse más para pagar pensiones, pagando tasas de interés más altas.

De hecho, Anif calcula que unos 17,5 billones de esos 25 billones están en títulos de deuda pública (bonos del gobierno). Si las AFP tuvieran que venderlos rápidamente para hacer el traslado, inundarían el mercado con deuda pública a la venta, lo que haría caer los precios y subiría las tasas de interés. Para el gobierno, eso significa que pedirle plata prestada le costará más caro en un momento en que la deuda ya consume una parte importante del presupuesto nacional.