Colombia finalmente cuenta con una hoja de ruta integral para la reforma agraria, un paso que llega tarde pero que busca corregir una deuda histórica. Así lo plantea Natalia Irene Molina, directora del Departamento Nacional de Planeación, en entrevista con EL TIEMPO. Según la funcionaria, el nuevo Conpes Agrario no es apenas un documento más del sector: representa el intento de resolver una deuda estructural que ha limitado tanto la equidad en el campo como la capacidad del país para transformar su economía.

La directora del DNP explica que el punto de partida es claro: Colombia no fue ajena a la reforma agraria, sino que experimentó lo opuesto. "Una contrarreforma armada, ejecutada por el paramilitarismo, que despojó comunidades enteras y consolidó la concentración de la tierra como instrumento de poder", señala Molina. Lo que cambia ahora es que el gobierno reconoce que pasar de una economía dependiente de hidrocarburos a una productiva requiere transformar primero la estructura de la propiedad rural. Todos los países que se industrializaron antes pasaron por procesos de reforma agraria, una lección que Colombia nunca aprendió.

El Conpes establece 146 acciones con inversión de 18,04 billones de pesos entre 2026 y 2036. Lo innovador es que deja de ser responsabilidad exclusiva del sector agropecuario: ahora 20 entidades de 13 sectores trabajan coordinadas a través del Sistema Nacional de Reforma Agraria. El mensaje central del documento es contundente: "No basta con dar tierra", insiste Molina. El acceso a la tierra debe ir acompañado de agua, crédito, asistencia técnica, servicios públicos, justicia agraria y mecanismos de protección frente al cambio climático. Sin estas condiciones, señala, el acceso a tierra sin viabilidad no supera la pobreza rural.

Un aspecto crucial es cómo el Conpes aborda los riesgos climáticos. Molina explica que la imprevisibilidad climática no es externa a la reforma agraria: es su nueva condición de base. Los pequeños productores asumen desproporcionadamente los impactos de sequías, inundaciones y degradación de suelos. El documento integra tres acciones concretas: ordena el territorio alrededor del agua, articula las agendas de ambiente y agricultura que históricamente operaron en tensión, y el Estado asume un rol activo proveyendo información climática, acompañamiento técnico e infraestructura adaptativa.

Para blindar esta política como estrategia de Estado, el Conpes se integra en el Marco de Gasto de Mediano Plazo y establece seguimiento participativo. "Cada acción tiene responsables definidos, metas, cronogramas e indicadores monitoreados a través de SisConpes", explica Molina. Además, fue construido participativamente con más de 5.000 delegados campesinos, indígenas y afrodescendientes en el Mandato por la Tierra y la Vida, lo que crea un sistema de veeduría ciudadana sobre su cumplimiento.

Molina destaca que este Conpes complementa la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, pero da un paso que ese acuerdo no dio: nombra y ataca directamente la estructura de la propiedad de la tierra. Mientras el Acuerdo estableció compromisos fundamentales, este documento consolida una política de Estado con mecanismos de articulación intersectorial y una visión de largo plazo. La funcionaria advierte que aunque la inversión está garantizada, la política enfrentará resistencias de grandes sectores económicos durante su implementación.

La visión al 2036 es transformadora: que acceder a tierra en Colombia signifique también tener agua, crédito, justicia agraria y protección climática. Con implementación plena, se espera reducir la concentración de tierras, ampliar el acceso al agua para productores rurales, extender el crédito agropecuario a sectores de bajos ingresos y ampliar la cobertura de asistencia técnica. En palabras de Molina, se trata de consolidar "un campo que garantice la vida digna de quienes lo habitan".