El Gobierno Nacional expedió el pasado 25 de febrero el Decreto 0182, una medida que introduce cambios profundos en cómo funcionan las Entidades Promotoras de Salud, conocidas como EPS, en Colombia. La norma abre la puerta a la redistribución masiva de afiliados entre aseguradoras, un reordenamiento que afectaría a más de 6,6 millones de colombianos en los próximos meses.

Según el decreto, el objetivo es "ordenar técnicamente" el aseguramiento en salud para evitar que el sistema se fragmente, permitir economías de escala (ahorros por volumen) y prevenir riesgos financieros. Sin embargo, esta medida llega pese a advertencias de expertos y gremios del sector que señalaron posibles impactos negativos sobre la libertad de los usuarios para elegir su aseguradora y la capacidad real de las EPS para recibir tantos nuevos afiliados.

El cambio más significativo está en los límites que establece el decreto para el número de EPS por territorio. En municipios grandes, con más de 500.000 habitantes, podrán operar todas las EPS que tengan al menos el 3 por ciento de los afiliados. Conforme disminuye la población, la cifra se reduce: en municipios pequeños, con menos de 20.000 habitantes, solo una EPS podrá operar. A nivel departamental, la regla es similar: en departamentos con más de dos millones de habitantes, las EPS deben concentrar al menos el 5 por ciento de los afiliados; en territorios más pequeños, ese porcentaje sube al 15 por ciento. Las aseguradoras que no cumplan estos requisitos deberán salir de esos territorios.

Esta salida de EPS de ciertos municipios y departamentos trae consigo el traslado automático de sus afiliados. El Ministerio de Salud y la Adres (administradora de los recursos del sistema de salud) redistribuirán a estos pacientes entre las EPS que continúen operando en cada zona, en cuestión de pocos días. Los afiliados deberán permanecer al menos 60 días en su nueva aseguradora antes de poder ejercer su derecho a cambiar de EPS, con algunas excepciones para reunificación familiar o comunidades indígenas. De acuerdo con cálculos de la Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios, aproximadamente 3,2 millones de estos traslados irían a Nueva EPS, la aseguradora más grande del país, que actualmente enfrenta una intervención estatal desde abril de 2024 y ha mostrado deterioro en sus indicadores de atención.

El decreto también introduce cambios en las obligaciones financieras de las EPS. Las aseguradoras del régimen subsidiado y las de naturaleza pública deberán contratar al menos el 60 por ciento de su gasto en servicios de salud con hospitales públicos ubicados en sus territorios de operación. Además, se reducirán temporalmente algunos requisitos de patrimonio (dinero de reserva) para las EPS que reciban nuevos afiliados, con el argumento de facilitar su absorción sin afectar la estabilidad del sistema.

Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Acemi (gremio de aseguradoras), advirtió que "existe un alto riesgo de que esos traslados se traduzcan en deterioro de la atención", especialmente en un sistema que ya enfrenta problemas de capacidad y financiación. El Gobierno intenta así una reforma estructural de un sistema de salud que lleva años en crisis, pero el costo humano de este reordenamiento aún genera preocupación entre expertos y actores del sector.