El Gobierno volvió a avanzar con un plan que había sido frenado hace poco. A pesar de las alertas de especialistas, usuarios y actores del sistema de salud, el Ejecutivo expidió el Decreto 0182 el 25 de febrero de 2026. La norma ordena el traslado más masivo de pacientes en la historia reciente del aseguramiento en Colombia: 6,5 millones de personas cambiarán de EPS en solo tres meses, sin que medie su voluntad, en un sistema que ya muestra signos claros de crisis financiera y operativa.

No es la primera vez que el Gobierno intenta mover millones de usuarios por vía administrativa. El año anterior, con el Decreto 0858 de 2025, el Ministerio de Salud buscó implementar un rediseño integral del sistema de salud que incluía cambios profundos en el rol de las EPS y en la organización territorial del aseguramiento. Aquella medida fue frenada por el Consejo de Estado, que suspendió el decreto al considerar que el Ejecutivo se había extralimitado en sus funciones e invadido materias que solo pueden ser modificadas por ley.

Ahora, con el 0182, el Gobierno retoma parte de ese camino con un instrumento distinto. No elimina formalmente a las EPS ni redefine completamente el modelo de atención, pero reordena de facto el aseguramiento al limitar cuántas aseguradoras pueden operar en cada territorio y forzar la salida de aquellas que no cumplan ciertos umbrales de participación. El resultado práctico es el mismo que se había advertido el año pasado: un traslado masivo de pacientes decidido desde el Estado.

El nuevo decreto introduce criterios de habilitación territorial para las EPS. En municipios grandes, solo podrán operar aquellas que alcancen un mínimo del 3 por ciento de los afiliados; en departamentos con más de dos millones de habitantes, el umbral sube al 5 por ciento, y en territorios más pequeños puede llegar hasta el 15 por ciento. En municipios con menos de 20.000 habitantes, incluso, solo podrá operar una EPS. Las entidades que no cumplan esos requisitos deberán salir del territorio y sus afiliados serán redistribuidos automáticamente hacia las EPS que permanecen habilitadas. Nueva EPS es la principal receptora, pasando de 11,58 millones de afiliados a 14,19 millones, es decir, un crecimiento del 22,6 por ciento en apenas tres meses.

El cuestionamiento de expertos y usuarios se concentra en un punto crítico: el fortalecimiento de Nueva EPS en medio de su crisis. La entidad, intervenida por el Gobierno, arrastra problemas financieros y operativos que han sido denunciados reiteradamente por pacientes. Álvaro Molina, vocero de la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud, fue claro: trasladar 2,6 millones de personas hacia Nueva EPS agrava una situación ya crítica. "Hoy no conocemos la magnitud real de la situación financiera de Nueva EPS porque llevamos cerca de dos años sin estados financieros públicos", advierte. Lo que los usuarios sí conocen son las consecuencias cotidianas: negación de servicios, cierre de atención en prestadores, demoras y falta de entrega de medicamentos.

Las advertencias vienen también del mundo académico y gremial. Luis Jorge Hernández, profesor de la Universidad de los Andes, plantea que el reordenamiento parte de un diagnóstico correcto sobre la fragmentación del aseguramiento, pero falla en la solución. "Concentrar afiliados en EPS supuestamente más grandes puede sonar lógico en el papel, pero el traslado masivo de más de 6,5 millones de usuarios va a sobrecargar a las EPS receptoras, especialmente a aquellas que ya están intervenidas y tienen limitaciones financieras y operativas crónicas", advierte. El riesgo es aún mayor en municipios rurales, de frontera o con baja densidad poblacional, donde las EPS intervenidas no han demostrado capacidad para manejar volúmenes adicionales de afiliados. Hernández alerta además sobre el impacto clínico del traslado en pacientes con enfermedades crónicas, cáncer o tratamientos de alto costo, que verán interrumpida su continuidad de atención.

El representante a la Cámara, Andrés Forero, anunció que acudirá nuevamente al Consejo de Estado. Para él, el traslado forzoso hacia Nueva EPS no solo es inconveniente, sino que desconoce el espíritu de la decisión judicial previa. Cuestiona que, mientras el país conoce casos de pacientes que murieron esperando medicamentos como kevin Acosta o Cecilia Quintero, afiliados a Nueva EPS, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, impulse el traslado de millones de personas desde EPS que funcionan mejor hacia una entidad intervenida. El pulso ahora se librará en los tribunales, pero sus efectos se sentirán en los hospitales, en las farmacias y en las salas de espera, donde la reorganización administrativa puede convertirse en una nueva capa de incertidumbre para millones de colombianos.