El Ministerio de Salud acaba de expedir el Decreto 0182, una norma que representa el reordenamiento más importante del sistema de aseguramiento en salud del país en los últimos años. La medida abre la puerta para trasladar automáticamente a millones de colombianos entre EPS, incluso sin que ellos lo soliciten.

El decreto modifica cómo operan las EPS en diferentes regiones. Ahora, el número de aseguradoras autorizadas en cada territorio dependerá del tamaño de la población. En las ciudades grandes con más de 500.000 habitantes podrán funcionar todas las EPS que cumplan con tener al menos el 3 por ciento de participación. En cambio, en municipios pequeños con menos de 20.000 habitantes solo operará una EPS. Esta reducción progresiva busca reorganizar el mercado, pero tiene implicaciones directas para los usuarios.

Cuando una EPS pierde su autorización, es intervenida, se liquida o se retira voluntariamente de una zona, sus afiliados son reasignados automáticamente a las otras aseguradoras que sigan operando en ese territorio. La decisión sobre a qué EPS van los usuarios la toman el Ministerio de Salud y la ADRES, aplicando reglas técnicas que buscan una distribución equilibrada. Los afiliados podrán cambiar de EPS después de 60 días si así lo desean, excepto en casos especiales como familias divididas o comunidades indígenas, que tienen derecho a trasladarse inmediatamente.

Pero hay preocupaciones serias sobre cómo funcionará en la práctica. Luis Jorge Hernández, salubrista y profesor de la Universidad de los Andes, advierte que el traslado de más de 6,5 millones de usuarios va a sobrecargar a las EPS receptoras. El riesgo es mayor en EPS ya intervenidas por el Estado, que enfrentan limitaciones financieras y operativas crónicas. Hernández señala que en municipios rurales o de frontera, esto va a "agravar problemas existentes, ya que estas EPS intervenidas no han mostrado mejoras en su capacidad para manejar volúmenes adicionales, lo que va a llevar a congestión administrativa y reducción en la calidad de servicios".

El decreto ya enfrenta cuestionamientos legales. El representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, solicitó ante el Consejo de Estado la apertura de un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Forero argumenta que el Decreto 0182 reproduce el contenido de una norma anterior que ya había sido suspendida por ese alto tribunal, razón por la cual pidió además la suspensión provisional de la medida.