El Ministerio del Trabajo acaba de publicar un borrador de decreto que genera una disputa importante en el sistema pensional colombiano. El texto ordena que los fondos privados de pensiones transfieran de manera inmediata a Colpensiones más de $25 billones correspondientes a los ahorros de personas que decidieron cambiarse de régimen. Se trata del dinero que han ahorrado durante años los afiliados a fondos como Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia.

La medida aplica a quienes aprovecharon la "ventana de traslado" de la reforma pensional: una oportunidad especial que permitió a personas a menos de 10 años de pensionarse cambiar de los fondos privados al sistema público de Colpensiones. Según el propio borrador, cerca de 120.000 afiliados han usado esta opción. El decreto establece que cuando alguien decide trasladarse, debe irse con el 100 por ciento de su dinero acumulado, incluyendo no solo lo que aportó, sino también lo que ganó en rendimientos financieros.

Pero aquí está el nudo del conflicto. La ley original que creó esta ventana de traslado decía algo diferente: esos ahorros debían permanecer administrados por los fondos privados hasta que la persona se pensionara, y solo en ese momento trasladarse a un fondo público del Banco de la República. El decreto que ahora propone el gobierno ordena lo opuesto: que todo se transfiera ya mismo a Colpensiones.

Asofondos, la asociación que agrupa a los fondos privados, salió a advertir que esto viola lo que aprobó el Congreso. Según la entidad, el decreto busca "que las AFP giren a Colpensiones más de $25 billones para usarlos de manera contraria a lo que ordena la Ley". El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, agregó que "trasladar esos recursos a Colpensiones es, en la práctica, liberar recursos presupuestales por el mismo monto que el gobierno podrá utilizar para otros fines".

En otras palabras: si el gobierno toma $25 billones que deberían quedarse siendo ahorro pensional, puede usarlos en el presupuesto general para otras cosas. Esto es lo que preocupa a los fondos privados: que se termine usando dinero pensional para solucionar apuros fiscales del gobierno en el corto plazo, debilitando la sostenibilidad futura del sistema.

La Asociación de Administradoras de Fondos hizo un llamado al Ministerio del Trabajo para que revise en detalle esta iniciativa. El decreto está en etapa de comentarios públicos, así que todavía puede cambiar, pero la controversia ya mostró que existe desacuerdo sobre cómo debe implementarse lo que el Congreso aprobó.