Las designaciones de notarios en Bogotá volvieron a encender la polémica sobre la forma en que el Gobierno nacional está cubriendo estos cargos. En apenas una semana fueron nombrados dos despachos notariales, un ritmo que contrasta fuertemente con la realidad: aproximadamente 330 notarías en todo el país siguen funcionando con personal temporal, sin las garantías que da una designación formal.

El más controvertido de los nombramientos es el de Adriana María Mejía Aguado como notaria 35 de Bogotá. Mejía Aguado es abogada y mantiene cercanía con la primera dama, Verónica Alcocer. Antes de esta designación, dirigía Artesanías de Colombia. También han salido a la luz viejos señalamientos laborales en su contra, aunque esos procesos no llegaron a prosperar.

Junto a ella, la nómina incluye a Billy Escobar, exsuperintendente de Sociedades, quien ahora fue designado en una notaría del norte de la capital. Lo curioso es que el mismo Escobar comentó que aún no había recibido notificación oficial de su nombramiento cuando ya circulaba la información públicamente. Completando la lista está Daniela Andrade, nombrada notaria 36, quien en el pasado trabajó en la Fiduprevisora durante las controversias relacionadas con la UNGRD y el Fomag.

Desde la Superintendencia de Notariado y Registro justificaron los nombramientos señalando que responden a vacantes generadas por retiros forzosos, y recordaron que el presidente tiene la facultad legal de hacer estas designaciones. Sin embargo, la explicación no ha cerrado el debate público sobre si se están priorizando conexiones políticas sobre otros criterios.

Lo que añade más presión al tema es que el concurso público para notarios sigue sin resolverse tras denuncias de irregularidades en el proceso, dejando en el limbo a muchos aspirantes que esperaban competir de manera abierta y transparente por estos cargos.