La intervención administrativa de Emssanar EPS se extenderá por doce meses más, hasta el 31 de mayo de 2027. El Gobierno Nacional tomó esta decisión mediante la Resolución Ejecutiva 203 de 2026, expedida el 29 de mayo, manteniéndose así el control estatal sobre una de las entidades aseguradoras más grandes que atienden a personas en el régimen subsidiado. Con esta prórroga, Emssanar cumplirá cuatro años bajo intervención forzosa, medida que comenzó el 31 de mayo de 2022 durante el gobierno de Iván Duque y ha continuado bajo la administración Petro.

La decisión se produce en medio de una crisis sin precedentes de atención a los usuarios. Durante los primeros meses de 2026, familias con pacientes de enfermedades crónicas y de alto costo realizaron protestas en el Valle del Cauca denunciando fallas graves en la prestación de servicios. Un episodio significativo ocurrió cuando un grupo de madres y cuidadores mantuvo tomada durante varios días una sede de la EPS en el barrio San Fernando. Según los relatos conocidos durante esa movilización, algunos afiliados reportaban no recibir medicamentos formulados desde marzo de 2025, mientras otros denunciaban retrasos desde agosto del mismo año. Incluso en casos menos críticos, las demoras superaban los tres meses. Erika López, una de las voceras de las manifestantes, explicó entonces que "estábamos exigiendo una atención oportuna, calidad de servicio y que nos cumplan con todo lo que ya está formulado en prescripción médica, que son los medicamentos de alto costo, visitas domiciliarias porque la mayoría de los pacientes son de home care con enfermedades de alto costo, la mayoría son de postración y lo que son los insumos".

El panorama financiero de Emssanar refleja una situación aún más preocupante. Según un análisis de Así Vamos en Salud basado en datos de la Superintendencia Nacional de Salud, la entidad registró pérdidas cercanas a los 390 mil millones de pesos durante 2025. En términos de gastos operacionales, Emssanar presentó un nivel de siniestralidad de 113,04 por ciento, lo que significa que gasta más en atención de salud de lo que recibe en ingresos para cubrir a sus afiliados. La situación se agrava considerando que Emssanar atiende a más de 1,6 millones de afiliados, lo que la convierte en una de las aseguradoras más grandes del régimen subsidiado.

El colapso no es exclusivo de Emssanar. El sistema completo de EPS en Colombia registra un deterioro estructural profundo. Según el informe de Así Vamos en Salud, las EPS cerraron 2025 con un patrimonio negativo de 16,86 billones de pesos, reflejando insolvencia generalizada. Hace apenas cuatro años, en 2021, el sistema aún tenía un patrimonio positivo cercano a los 110 mil millones de pesos. Desde 2022 comenzó una caída progresiva que se intensificó cada año, con un deterioro superior al 500 por ciento en el patrimonio negativo acumulado entre 2022 y 2025. El endeudamiento de las EPS pasó de 0,99 en 2021 a 1,93 en 2025, significando que estas entidades acumulan obligaciones por 193 pesos por cada 100 pesos en activos disponibles.

La intervención continúa bajo supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud, que mantiene control administrativo sobre los bienes, haberes y negocios de la EPS. La resolución abre la posibilidad de que la Superintendencia levante la intervención antes de mayo de 2027 si lo considera pertinente. Sin embargo, mientras persisten los desafíos relacionados con acceso a medicamentos, atención oportuna de usuarios y la profunda crisis financiera del sistema de aseguramiento en salud, los colombianos afiliados a estas entidades siguen enfrentando dificultades para acceder a servicios básicos de salud.