El Gobierno de Gustavo Petro cumplió parcialmente con lo que le pidió el Consejo de Estado esta semana. La corte había suspendido el aumento del salario mínimo en un 23 por ciento decretado a finales de 2025 y exigió al Ejecutivo que explicara de dónde sacó esa cifra. El problema: el nuevo decreto que el presidente firmó en la plaza de Bolívar mantiene exactamente el mismo aumento del 23 por ciento, que fija el salario mínimo en 1 millón 750 mil 905 pesos para este 2026 más el auxilio de transporte. Dicho de otra forma, el Gobierno no cedió un peso.

Lo interesante es que ahora el decreto sí trae los números desaglosados. El Gobierno reconoce que si solo tuviera en cuenta los parámetros técnicos establecidos por ley, el aumento debería ser del 13,6 por ciento. Esto se calcula con base en la inflación, la productividad y el crecimiento económico del país. El restante 9,4 por ciento lo justifica con algo diferente: el concepto de "salario vital" que define la Organización Internacional del Trabajo. Según este criterio, una familia de cuatro personas necesita gastar 2 millones 982 mil 589 pesos mensuales en una canasta básica, cantidad que actualmente no cubre el salario mínimo.

Para los trabajadores, mientras el Consejo de Estado decide qué hacer, el panorama se mantiene igual. Los 2,4 millones de colombianos que ganan el mínimo seguirán recibiendo el 23 por ciento de aumento. Pero aquí es donde la cosa se complica. Mauricio Montealegre, abogado especialista en derecho administrativo de la firma Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón, advierte que "es probable que el Consejo de Estado considere que la actuación del Gobierno es una reproducción del decreto anterior y, por lo tanto, un incumplimiento del auto por medio del cual lo suspendió. Podría considerarse como un desacato e imponer sanciones económicas, multas, incluso pudiendo compulsarse copias para que se investigue el incumplimiento desde una perspectiva disciplinaria". Es decir: el Gobierno podría enfrentar multas e investigaciones, y el tribunal podría terminar decidiendo directamente cuál es el aumento correcto.

Mientras se resuelve el pulso jurídico, hay una preocupación creciente sobre los empleos. Diferentes estudios económicos pintan un panorama inquietante. Fedesarrollo, un centro de pensamiento, estima que podría haber una pérdida de hasta 600 mil empleos formales por los mayores costos que el aumento genera a las empresas. Por su parte, Bancolombia calculó que se podrían perder hasta 734 mil trabajos, principalmente en sectores como actividades profesionales, comercio y construcción.

El Banco de la República también advirtió que este aumento del 23 por ciento presionaría la inflación al alza en unos 200 puntos básicos durante el año. Traducido al lenguaje del bolsillo: todo lo que compras se volvería más caro. La inflación cerraría 2026 en 6,3 por ciento y 2027 en 3,7 por ciento, lo que obligaría al banco central a mantener tasas de interés altas. Eso significa que los créditos para casa, carro o negocios se vuelven más caros.

Los empresarios están divididos. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, ha respaldado mantener el aumento del 23 por ciento, pidiendo un esfuerzo a los empresarios. Pero Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, advierte que "nos preocupan los trabajadores que ganan el mínimo y que podrían ver sus empleos destruidos, los más de 11 millones de colombianos que en la informalidad ganan por debajo de esa cifra y los trabajadores por cuenta propia que tampoco se verán beneficiados". En resumen: mientras se benefician quienes tienen trabajo formal al mínimo, el costo podría recaer en los desempleados y en los informales, que son la mayoría en Colombia.