En uno de sus últimos movimientos antes de terminar el período presidencial, el Ministerio de Salud acaba de formalizar un nuevo modelo de atención médica para las personas recluidas en el sistema penitenciario colombiano. La medida llega a través de la Resolución 1099 de 2026 y marca un punto de quiebre con las normas que habían regulado este asunto desde 2015 y 2016.

El Inpec será el encargado de supervisar y controlar esta nueva estrategia, que promete garantizar el acceso efectivo al derecho a la salud dentro de los establecimientos penitenciarios. La propuesta se construye sobre los principios de Atención Primaria en Salud y busca mejorar la coordinación entre todas las entidades involucradas en la prestación de servicios a esta población.

Entre los cambios más visibles está la introducción de herramientas de telemedicina para ampliar el alcance de consultas y servicios especializados. Además, se mantiene la posibilidad de que los internos reciban atención en instituciones médicas externas cuando sus condiciones de salud así lo exijan. El Gobierno prevé una etapa de transición para evitar que se corten los servicios durante la implementación.

El modelo reconoce que dentro de los centros de reclusión hay poblaciones con necesidades específicas. Por eso incluye criterios diferenciales para atender grupos como los menores de tres años que permanecen con sus madres en las cárceles. Actualmente, Colombia tiene 101.722 personas privadas de la libertad: 95.568 hombres y 5.856 mujeres.

La reforma está estructurada sobre seis pilares: prestación de servicios sanitarios, conformación de redes de atención, garantía de estándares de calidad, mecanismos de remisión de pacientes, acciones de salud pública y evaluación permanente de resultados. Los establecimientos penitenciarios serán categorizados en cinco niveles de Unidades de Atención Primaria según la cantidad de reclusos, niveles de seguridad, condiciones jurídicas y ubicación geográfica.

El Gobierno tiene clara la tarea pendiente: décadas de fragmentación en la atención, coordinación débil entre instituciones y acceso tardío a tratamientos han generado una deuda histórica con la salud de la población carcelaria. Con esta reorganización busca fortalecer la capacidad estatal para ofrecer una atención más eficiente, continua y de mejor calidad en los establecimientos carcelarios del país.