El Gobierno ha retomado acusaciones sobre fraude electoral, esta vez apuntando hacia la tecnología detrás del proceso de votación. La Dirección Nacional de Inteligencia sugirió hace poco que un ataque contra sistemas de citas de la Dian podría ser parte de un operativo para crear lo que llamó un "lago de datos" que luego se usaría para alterar información electoral de cara a las elecciones del 31 de mayo.

El problema con esta teoría es que no tiene pies ni cabeza desde el punto de vista técnico. Los sistemas de la Dian, la entidad tributaria, funcionan completamente separados de los softwares electorales de la Registraduría. No comparten tecnología, servidores, arquitectura ni siquiera están cerca uno del otro en términos técnicos. Conectar un hackeo en la Dian con un fraude electoral es como decir que porque se dañó el teléfono de tu vecino, tu casa va a quedar sin electricidad.

Cada software que participa en el proceso electoral está encriptado y tiene su propia ciberseguridad independiente. El software de escrutinio es propiedad del Estado, pertenece a la Registraduría. Sobre esa infraestructura hay decenas de ojos vigilando: observadores de partidos políticos, expertos nacionales e internacionales, todo monitoreado constantemente. No es un sistema frágil que se cae por un ataque aquí o allá.

La Misión de Observación Electoral ya había documentado esto en las elecciones de Congreso: encontró un nivel de coincidencia del 99,8 por ciento entre los datos de las mesas de votación y la revisión técnica de los votos. Es decir, los números cuadran.

Lo que parece estar pasando es que desde la Presidencia buscan fabricar excusas para deslegitimar los resultados electorales sin importar si tienen base en realidad. El detalle es que en materia de tecnología electoral no pueden seguir inventando mentiras. El hecho de que quien está haciendo estas acusaciones no entienda de tecnología lo deja expuesto. Tarde o temprano, va a tener que inventarse otro argumento.