Después de explorar infructuosamente durante años la opción de trasladar hipopótamos a otros países, el Gobierno Nacional finalizó en abril de 2026 un protocolo técnico para sacrificar estos animales y frenar su expansión descontrolada en Colombia. La ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, presentó el plan que invertirá 7.200 millones de pesos en 80 intervenciones durante este año, usando métodos que combinan rigurosidad científica con bienestar animal.

El problema comenzó en los años 80 cuando cuatro hipopótamos fueron introducidos ilegalmente en la Hacienda Nápoles, en Puerto Triunfo, Antioquia. Sin depredadores naturales y con abundante alimento en los humedales del valle medio del río Magdalena, la especie se reprodujo sin control. Un estudio del Instituto Humboldt y la Universidad Nacional de Colombia en 2024 estimó la población en al menos 181 individuos distribuidos en siete grupos. El Ministerio de Ambiente ahora reporta que la población supera los 200 ejemplares, y de no intervenir, podría llegar a 500 en 2030 y cerca de 1.000 en 2035.

Antes de recurrir a la eutanasia, las autoridades contactaron siete países para recibir a los animales en zoológicos o santuarios. México mostró interés a través de un santuario privado para diez individuos, pero su gobierno negó la entrada por restricciones legales para especies invasoras. Filipinas también se retiró en agosto de 2024 citando altos costos de transporte. El Ministerio concluyó que "la translocación no resulta suficiente ni operativamente viable como única estrategia de control poblacional".

El protocolo de eutanasia define dos procedimientos. En la modalidad química, equipos veterinarios instalan corrales metálicos de al menos 15 metros cuadrados por animal cerca de cuerpos de agua. Durante varios días ofrecen cebo como zanahorias, repollo y melaza en horas vespertinas, cuando los hipopótamos son más activos. Una vez el animal entra al corral, un rifle de dardos inyecta combinaciones de fármacos según el peso del individuo, incluyendo xilacina, ketamina y otros sedantes. Tras 10 a 20 minutos en sedación profunda, se establece acceso venoso y se administran medicamentos letales como pentobarbital sódico. Si las condiciones del terreno impiden este método, se autoriza disparo con arma de largo alcance y alta potencia directamente en la cabeza del animal.

Después de verificar la muerte mediante ausencia de pulso, movimientos respiratorios y reflejos, se realiza necropsia en máximo 24 horas bajo supervisión veterinaria, pues los hipopótamos pueden portar agentes como Leptospira y Brucella. El personal debe usar equipo de protección total incluida mascarilla N95. Los cadáveres se disponen mediante enterramiento sanitario en fosas de cuatro a cinco metros de profundidad, cubiertas con aproximadamente 200 kilogramos de cal apagada por animal adulto, o mediante incineración en hornos crematorios autorizados a temperaturas superiores a 750 grados centígrados. El protocolo expresamente prohíbe "el aprovechamiento o consumo humano de los especímenes".

Los 7.200 millones de pesos se canalizarán a través del Fondo para la Vida y la Biodiversidad hacia cuatro Corporaciones Autónomas Regionales que tienen jurisdicción en las zonas donde habitan estos animales: Cornare, Corantioquia, Corpoboyacá y CAS. El convenio está previsto para junio de 2026, con implementación en el segundo semestre del año. Las intervenciones se concentrarán en la Hacienda Nápoles y la denominada "isla del Silencio", aunque también se realizarán en áreas cercanas a cascos urbanos donde estos animales representan riesgo para las comunidades. Cada corporación reportará mensualmente al Ministerio con coordenadas exactas, sexo, edad estimada y métodos empleados en cada intervención.