El Ministerio de Salud y Protección Social adoptó un nuevo modelo de atención en salud para las personas privadas de la libertad en Colombia. La medida, contenida en la Resolución 1099 del 11 de junio de 2026 y firmada por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, deroga dos resoluciones anteriores y establece un plazo máximo de seis meses para su implementación completa. Por primera vez, esta reforma incluye de manera explícita a los menores de tres años que conviven con sus madres al interior de los establecimientos de reclusión del orden nacional.

La resolución reconoce que el modelo anterior presentaba "deficiencias estructurales" derivadas de "la intermediación, la tercerización y la desarticulación institucional". Estas conclusiones habían sido documentadas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-494 de 2023, en el marco del seguimiento al estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario colombiano. El nuevo esquema busca superar la atención fragmentada mediante el fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud dentro de los establecimientos penitenciarios.

El modelo está estructurado en seis componentes: la prestación de servicios de salud, una Red Integral e Integrada para la Atención en Salud de la Población Privada de la Libertad, condiciones de calidad, sistema de referencia y contrarreferencia, acciones de salud pública, y seguimiento y evaluación. La red integrada estará conformada por Unidades de Atención Primaria en Salud y prestadores habilitados, organizados para garantizar acceso efectivo a reclusos y menores de tres años que vivan en centros de reclusión. La resolución es aplicable tanto al régimen subsidiado como a los regímenes contributivo, especial y de excepción.

Las novedades incluyen la adopción de protocolos ajustados al contexto carcelario y la incorporación de modalidades de prestación de servicios extramurales (fuera de los muros) o de telesalud, como mecanismos para ampliar el acceso de una población que enfrenta barreras particulares por su condición de reclusión.

La implementación será supervisada de manera conjunta por el Ministerio de Salud, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. La contratación de servicios estará a cargo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, administrado a través de la entidad fiduciaria Fiduprevisora. El proceso se dividirá en tres fases: selección y contratación del operador, alistamiento institucional con elaboración de un plan técnico y financiero, e implementación y consolidación operativa priorizando los niveles primario y complementario extramural.

La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá funciones de inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de la resolución. Durante los primeros doce meses, el Ministerio de Salud y la Unidad de Servicios Penitenciarios realizarán seguimiento continuo para identificar y corregir dificultades operativas, técnicas y administrativas. Después de ese período, el seguimiento será anual.