El Gobierno nacional expidió el nuevo decreto que fija el salario mínimo para 2026 con un aumento de 23 por ciento, una cifra que había sido definida en diciembre pero que requería ser respaldada con documentación más robusta. El Consejo de Estado, la máxima autoridad contencioso administrativa del país, había suspendido provisionalmente el acto anterior y ordenó al Ejecutivo presentar una justificación detallada de los parámetros económicos utilizados en la decisión. Con esta nueva expedición, el Gobierno intenta cumplir esa orden judicial mientras continúa el análisis de fondo sobre la legalidad del incremento.

El decreto lleva el salario mínimo a dos millones de pesos, cantidad que incluye 1.750.905 pesos más el auxilio de transporte. En la noche del jueves 19 de febrero, el presidente Gustavo Petro confirmó la firma del acto. "El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026 es el mismo que decretamos en el mes de diciembre del año 2025. No nos echamos para atrás, firmamos y se entrega al Consejo de Estado, cumpliendo sus órdenes, acatando y poniendo los estudios técnicos", afirmó el mandatario.

Para justificar el aumento, el Ejecutivo presenta tres pilares técnicos. Primero, la inflación: los datos de diciembre mostraban que el alza de precios acumulada entre enero y noviembre de 2025 fue de 4,82 por ciento, con una inflación anual de 5,3 por ciento. El incremento de 23 por ciento está 17,9 puntos porcentuales por encima de esta inflación, lo que significa que el Gobierno busca que los trabajadores no solo mantengan su poder adquisitivo sino que ganen más en términos reales. En otras palabras, su salario compra más cosas que antes, no solo lo mismo.

El segundo argumento gira en torno a la productividad económica. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística presentó durante las negociaciones de diciembre que la productividad total de los factores (aquello que produce la economía con los recursos disponibles) alcanzó 0,91 por ciento en los primeros tres trimestres de 2025. El Gobierno utilizó esta cifra como referencia, la misma que habían propuesto los gremios empresariales en las mesas de negociación. Aunque los números de productividad son bajos, el Ejecutivo los incorporó para demostrar que su decisión se basa en datos reales de la economía.

El tercero tiene que ver con lo que el Gobierno llama salario vital. Aquí entra un estudio de la Organización Internacional del Trabajo que calcula cuánto dinero necesita realmente una familia de cuatro personas para vivir de forma digna en Colombia: 2.982.589 pesos mensuales para alimentación, vivienda, salud, educación y otros servicios esenciales. Aunque el nuevo salario mínimo no alcanza esta cifra, el Gobierno lo utiliza como referencia para demostrar su intención de acercarse gradualmente a lo que considera una remuneración vital.

Finalmente, el Ejecutivo destaca que el crecimiento económico del país en 2025 fue estimado en 2,9 por ciento por el Banco de la República, y argumenta que "incrementos salariales por encima de la inflación han tenido un efecto positivo en el crecimiento económico del país". Este es un punto central: según el Gobierno, pagar más a los trabajadores no daña la economía, sino que la impulsa porque las personas gastan más y reactivan el consumo.