En los últimos años, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) ha soportado una carga financiera cada vez mayor. Los números son elocuentes: el consumo de diésel para usos industriales pasó de apenas 806 mil galones mensuales en 2023 a más de 8,2 millones de galones en 2024. En otras palabras, el consumo industrial se multiplicó por diez en apenas un año. Eso no pasó desapercibido para las autoridades.

El Gobierno Nacional respondió expediendo el Decreto 0268 de 2026, que excluye del sistema de subsidios a los combustibles que funcionan como materia prima en procesos productivos intermedios. Traducido: si una industria usa diésel para producir otro combustible o para alimentar quemadores en sus plantas, ya no recibirá el apoyo estatal que antes abarataba sus costos. El costo de esta política entre enero y abril de 2025 fue cercano a 131 mil millones de pesos, dinero que podría haberse usado para proteger a conductores y ciudadanos comunes.

La lógica detrás de la decisión es clara. El Fepc existe para proteger a los consumidores finales cuando los precios internacionales del petróleo se disparan. No debería funcionar como un subsidio encubierto para industrias que en teoría pueden absorber esos costos dentro de sus procesos productivos. El Ministerio de Minas y Energía lo explicó así: el fondo "debe servir para estabilizar el precio de los combustibles que usan los colombianos", afirmó el ministro Edwin Palma, agregando que la política no puede "subsidiar procesos industriales que no trasladan ese beneficio al consumidor final".

A partir de ahora, el precio del diésel industrial será definido libremente por el mercado, sin intervención estatal. La única excepción mantiene su vigencia: los biocombustibles como etanol y biodiésel seguirán accediendo a los subsidios, en línea con los objetivos de transición energética del país. El Ministerio tiene dos meses para definir cómo operará esta medida en la práctica y qué mecanismos usará para monitorizarla.