El Gobierno salió a defender una decisión que ha causado revuelo en el país. La Oficina del Comisionado de Paz emitió un comunicado para justificar la suspensión de órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá, presentándola como parte natural de los procesos de construcción de paz que adelanta la administración Petro. Según la entidad, estas acciones se enmarcan en la Ley 2272 de 2022 y responden a dinámicas propias de la negociación con grupos armados urbanos.

La medida fue formalizada por la Fiscalía mediante resolución el 27 de marzo del 2026 y afecta a los voceros de las denominadas Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto, que participan en espacios de diálogo con el Estado. El Gobierno solicitó la suspensión para permitir que estos representantes se involucren activamente en las conversaciones socio-jurídicas que se llevan a cabo en la ciudad. Algunos de los beneficiados ya estaban en libertad o incluso fuera del país, lo que ha aviado más la controversia. La suspensión tiene validez inicial de seis meses y busca, eventualmente, que estas estructuras se sometan a la justicia en el marco de la política de "paz total".

Pero lo que más ha generado debate es cómo se interpreta la medida. El Gobierno fue enfático en aclarar que la suspensión de órdenes de captura "de ninguna manera implica la excarcelación" de los voceros. La entidad advirtió que cualquier interpretación en ese sentido constituye "una grave e irresponsable desinformación", en respuesta a los cuestionamientos que han surgido. La Fiscalía añadió que la decisión no afecta a quienes ya están privados de la libertad por condenas vigentes ni impide capturas en flagrancia por delitos como secuestro o extorsión.

Sin embargo, los críticos no parecen convencidos. Congresistas de oposición, incluyendo la candidata presidencial Paloma Valencia, han cuestionado fuertemente que se otorguen beneficios judiciales a cabecillas de organizaciones criminales. Valencia fue particularmente dura en sus críticas: "Ahora quieren tomarse Antioquia con los violentos también para ganar las elecciones. Denunciaremos ante las instancias internacionales. El Gobierno se está siendo cómplice de la criminalidad en Colombia", expresó.

Las críticas apuntan directamente a la política de paz total del presidente Gustavo Petro, que busca negociar o someter a distintos actores armados, incluyendo grupos urbanos sin reconocimiento político. Para los opositores, la medida representa un riesgo para la seguridad ciudadana y el proceso electoral que se aproxima, abriendo un debate que va más allá de lo judicial y toca lo político.